Uno de los negocios más florecientes de los últimos años ha sido el de las policías privadas, porque la deficiencia del Estado para proveer a los ciudadanos de las elementales garantías para protegerles la vida y los bienes, obliga a contratar seguridad privada que ofrezca esa protección. Pero el colmo de los colmos es que el mismo gobierno dedica millones de quetzales a pagar elementos de seguridad proporcionados por esas empresas particulares, lo que en el caso de Guatemala huele a profunda corrupción, porque todos sabemos que funcionan estructuras dentro del régimen que impiden que se pueda realizar una negociación de ese calibre sin generar la comisión o mordida correspondiente.
El trabajo que publicó La Hora esta semana sobre la forma en que se está derrochando el dinero público en la contratación de elementos de seguridad de empresas privadas es tan patético como el hecho de que diariamente se gasten miles de quetzales en el arrendamiento de vehículos blindados para proteger a funcionarios públicos de reales o imaginarias amenazas. En otras palabras, tras de que son inútiles para cumplir con su deber constitucional, todavía aprovechan el tema para hacer negocio porque, repetimos, nadie pasa sin saludar al rey, aunque sea de «alejos».
El país gasta cientos de millones de quetzales anualmente en contratación de empresas privadas de seguridad que cuidan negocios, protegen a las personas y controlan las colonias urbanas que cuentan con protección especial. Todo eso lo debiera hacer el gobierno por mandato constitucional y le corresponde a la Policía Nacional Civil la tarea de asumir las garantías de seguridad ciudadana, pero sabemos que la PNC inspira más miedo que confianza y cuando se acercan sus agentes a un particular, las razones para tener miedo son más que fundadas, lamentablemente.
Otro tema es que las policías privadas funcionan sin ton ni son, puesto que no hay capacidad de las autoridades para ejercer un control estricto como el que tendría que haber en ese tipo de actividad comercial. No existen parámetros para medir la calidad del servicio que ofrecen ni para restringir la contratación de personal que pueda tener inclinaciones inadecuadas para trabajar en el sector. Si no pueden controlar a la propia PNC y evitar la contaminación de sus agentes, mucho menos se puede esperar que hagan algo correcto con las empresas privadas de seguridad que, como los colegios privados, hacen lo que les da la gana, porque el objetivo esencial es aprovechar la deficiencia del Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales y, con ello, hacer pisto de manera rápida y poco esforzada. Si a ello agregamos esos contratos de dudosa ética que se suscriben entre las policías privadas y la mafia que controla las contrataciones del Estado, vemos que nos meten gol y autogol redondo.