Esta semana en declaraciones vertidas a la prensa, el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Carlos Aguilar, hizo pública una denuncia sobre la precaria situación de seguridad en la que se encuentran los Jueces y Magistrados que integran el Organismo Judicial, poniendo sobre la mesa los más recientes atentados de los que han sido víctimas ellos y sus familias más cercanas y revelando que él mismo había solicitado su traslado del Juzgado Penal que actualmente dirige hacia otro, menos conflictivo, de otra materia.
Resulta más que comprensible la denuncia de los juzgadores, cuando entendemos que en este país, inmerso en una crisis de violencia e inseguridad, les corresponde a ellos la difícil tarea de impartir justicia y lo que resuelvan irá, sin lugar a dudas, en contra de los intereses de una u otra de las partes, con las consecuentes posibilidades de que el vencido en juicio, opte por tomar otro tipo de medidas para corregir a quien juzgando, resolvió en su contra.
De igual manera, el también abogado Luis Archila, recientemente nombrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en declaraciones a medios noticiosos, informó que era labor de la Corte el demandar del Estado los recursos necesarios para cubrir ese fin, entendiendo de manera correcta que esa función de dotar de seguridad a los juzgadores corresponde al Estado de Guatemala.
El presupuesto de ingresos y egresos del Estado, para el año 2,011 se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República, podemos derramar ríos de tinta para denunciar, relacionar, indignarnos o deplorar la situación de violencia que actualmente vive Guatemala, sin embargo, un hecho concreto que puede tener una incidencia en el futuro del país es la asignación de las partidas presupuestarias para cada uno de los organismos y dependencias del Estado.
Debemos de exigir al Congreso de la República que garantice en el próximo presupuesto de la Nación, la debida dotación de recursos para que el Organismo Judicial no sólo pueda dar seguridad a sus operadores de justicia, si no que dote a este organismo de la fuerza y recursos que le permitan realizar su labor en beneficio de todos.
Es imposible pensar en un país sostenible a largo plazo que no tenga un presupuesto adecuado que permita al Organismo Judicial impartir justicia, con la certeza para quienes lo conforman y la imparten, de que contra ellos no habrá vendetas o represalias que pongan en riesgo su integridad personal o las de sus familiares.
Por supuesto, cualquier tipo de candado presupuestario que se pretenda poner al presupuesto es correcto y debe de ser apoyado por la opinión pública, en función de que no suceda lo que hasta ahora ha sido el pan nuestro de cada día, las constantes transferencias presupuestarias que hacen risible la discusión de un presupuesto, cuando al final los Ministerios y Organismos del Estado deben de resignar su funcionamiento e inversión en aras de los intereses de las transferencias condicionadas del actual Gobierno.