El 20 de enero de 2014, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el Informe Regional de Desarrollo Humano, con la presencia y participación del presidente de la República, Otto Pérez Molina; del Subsecretario General de la ONU y Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Heraldo Muñoz; del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, del embajador de España, Manuel María Lejarreta y miembros del Consejo Consultivo del Informe Regional de Desarrollo Humano, y bajo la moderación de Dina Fernández, ante una nutrida concurrencia y una amplísima cobertura de prensa.

El informe consigna que “Las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito. También han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto de los derechos humanos”. Como es fácil de comprender, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla reaccionó indignado, argumentando “es difícil tener permanentemente el bombardeo sobre situaciones en las que nos dicen qué debemos hacer, qué deberíamos hacer, cuándo deberíamos hacerlo”

De hecho, Heraldo Muñoz al ser entrevistado sobre el problema de la inseguridad indica que la seguridad ciudadana es un problema para el desarrollo, que las respuestas a sus soluciones son oportunidades para los jóvenes que les permita en las comunidades locales tener más control sobre su propio futuro, que deben de existir sistemas de justicia y penitenciarios que permitan la reinserción y la rehabilitación de los reos. El error es considerar la inseguridad ciudadana como un problema que solo compete a la policía cuando va mucho más allá.

La experiencia demuestra que las políticas de mano dura han fracasado porque visualizan la solución del crimen y la violencia solo en el endurecimiento de las penas, en rebajar la edad para la persecución penal, en sacar tropas a las calles. Una política de mano dura que captura a muchos delincuentes y los mete a la cárcel produciendo una sobrepoblación en las mismas que implica que personas que por primera vez delinquen salgan de la cárcel como criminales avanzados porque no hay rehabilitación y al final vuelven a delinquir con más violencia y más experiencia.

La inseguridad no tiene una respuesta mágica, urge trabajar con los jóvenes, dar mayor educación y empleo, trabajar, reformar y capacitar a la Policía y ante todo a los sistemas judiciales, debe producirse un conjunto de medidas que configuren una política pública en materia de seguridad y dejar de pensar que la “mano dura” va a resolver el problema en América Latina.

Fue tanta la molestia a nivel del Gobierno guatemalteco que el ministro de Gobernación, Mauricio Bonilla, expresó que “no se va a ir preso por fomentar grupos paralelos”.

Sin duda alguna, en Guatemala sin educación, ingresos adecuados y oportunidades de trabajo, la inseguridad no decrecerá, por ello el enfoque político debe cambiarse y lograr que la reducción de la pobreza, la mejor distribución del ingreso, la mejora del nivel de vida de la mayoría de los guatemaltecos hagan que la inseguridad se reduzca, tarea en la que el Gobierno no ha logrado mayor éxito, a pesar que no se quiere reconocer el hecho en los mensajes presidenciales, ni en la constante propaganda gubernamental, aspecto que ha hecho propicio que las policías privadas sean cinco veces mayores a la Policía Nacional, protección privada que no disminuye la inseguridad en Guatemala por cuanto la misma se limita a resguardar a quienes les pagan.
¡Guatemala es primero!