Pocas veces se pueden comentar éxitos de las fuerzas de seguridad en el desempeño de sus funciones, porque por lo general tenemos que lamentar más la falta de políticas de prevención y la incapacidad para reaccionar en materia de represión ante los delitos ya consumados. Pero hoy debemos referirnos a dos casos en la dirección opuesta, ya que no sólo se logró por fin la captura del prófugo Manuel Castillo, quien había sido electo alcalde de Jutiapa y está vinculado al caso de los diputados del Parlacen, sino que ayer se produjo la liberación de una niña secuestrada por una banda cuyos integrantes asesinaban a sus víctimas luego de cobrar el rescate.
El desenlace trágico del rescate de ayer, con la muerte de cinco personas que formaban parte de la banda de secuestradores, fue consecuencia de la reacción violenta de los delincuentes cuando se vieron copados y milagrosamente la pequeña de tres años no murió en medio de la nutrida balacera. Siempre hemos considerado que el secuestro es una de las peores formas del crimen por el daño irreparable que provoca tanto a la víctima directa como a sus familiares que situaciones de angustia ante el trato cruel e inhumano de quienes reclaman el pago de un rescate usando la vida del secuestrado como instrumento del chantaje.
La cantidad de secuestros en el país es alta aunque no trascienden la mayoría de los casos porque una de las condiciones de los criminales es mantener el caso en secreto para evitar la intervención de las fuerzas policiales y generalmente las familias aceptan esa condición. Por ello el que una banda de secuestradores fuera localizada es importante, pero mucho más cuando la misma tenía dentro de sus características operativas el posterior asesinato de la persona que había sido raptada.
En el caso del ya célebre «Manolo» Castillo la captura es importante pero hay que entender que la misma pone a prueba el sistema de justicia en el país, sobre todo por la vinculación con uno de los casos más paradigmáticos de la impunidad obtenida a toda costa, incluyendo por supuesto la eliminación de testigos, jueces, investigadores y cómplices. La presión externa ha obligado a que este caso se mantenga en el tintero, pero para evitar su esclarecimiento los autores no han dudado en hacer rodar cabezas y por ello ahora el caso adquiere otra dimensión que pondrá a prueba la capacidad de la fuerza pública para resguardar al detenido y de la fiscalía para armar un caso contundente y no uno de paja como los que han estructurado en otros delitos de alto impacto, como las quiebras fraudulentas de los bancos.