El programa de transferencias condicionadas Mi Familia Progresa ha sido criticado debido al secreto con el que se ha manejado la información de los beneficiados. ílvaro Colom indica que esto se hace por seguridad de las personas.

Una intensa lucha entre la Contralorí­a General de Cuentas (CGC) y el Ministerio de Educación, encargado de proporcionar dichos datos, se ha generado a raí­z del secretismo con que se maneja la información de quienes reciben cierta cantidad de dinero a cambio de llevar a sus hijos a las escuelas y centros de salud.

Para la Contralorí­a es importante contar con este listado, pues es a través de él que se puede hacer efectiva una fiscalización y de este modo comprobar que verdaderamente se beneficia a quien más lo necesita, además de cerciorarse de que no se han falsificado documentos.

COLOM SE NIEGA

La negativa del mandatario se basa principalmente en los consejos recibidos de paí­ses que también manejan este tipo de programas y que no proporcionan datos completos de las personas subsidiadas.

Para reforzar esta posición, Edgar Rosales, vocero del Consejo de Cohesión Social, proporcionó un video en el que se recogen los comentarios de representantes de dos de los otros 13 paí­ses que también trabajan con las transferencias condicionadas.

En el video se observa a Rita Combariza, del programa colombiano Familias en Acción, en donde explica que ellos publican los nombres y apellidos de los beneficiados pero no el número de identificación personal. Según Combariza esto «blinda el programa de cualquier acción clientelista y politiquera».

Asimismo, según Natalie Celi, de Bono de Desarrollo Humano, programa realizado en Ecuador, «la información es manejada con confidencialidad para evitar su uso clientelar».

De esta manera, la postura del Gobierno central sigue siendo no proporcionar la información para que esta no se «politice» y al mismo tiempo proteger a las personas que reciben dinero de Mi Familia Progresa.

LA LUCHA

Debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha fallado a favor de la CGC en cuanto a la obtención de estos listados, y abogados del Ejecutivo analizan la forma de seguir negándolos, a decir de Daniel de la Peña, director de asuntos jurí­dicos de la CGC, las acciones que se tomen pueden calificarse como desacato a la autoridad, ya que dicha resolución es inapelable y no hay forma de negarse a ello.

Sin embargo, al consultar al presidente de la CC, Francisco Flores, él indica que aún no existe firmeza en la solicitud ya que el expediente trabajado aún es materia de discusión, esto debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha solicitado una enmienda al fallo que la misma institución habí­a realizado sobre el tema anteriormente.

Debido a que la solicitud sólo estaba firmada por Erick Alvarez, presidente de la CSJ, la CC devolvió dichos documentos para ser firmados por el resto de magistrados para luego iniciar con los trámites correspondientes.

PROGRAMAS SIMILARES

Otros trece paí­ses también trabajan con programas sociales, ninguno hace pública la información de las personas beneficiadas con ellos por medio de sus páginas electrónicas pero sí­ se pueden observar distintas muestras del trabajo que realizan.

En el caso de México, se detalla la cantidad de familias que han recibido el apoyo según el estado en el que viven, también Colombia presenta un informe semestral de lo ejecutado en ese periodo. Sin embargo, en la página de mifapro incluso hay enlaces a los que no se puede acceder.