Durante años he observado cómo la SAT va ganando terreno dentro de las diferentes entidades del Estado que se ven influenciadas, más allá de lo razonable, por las opiniones obtusas y sesgadas de la SAT. La primera señal la vi en 2009, cuando asesoré la clasificación al régimen 29-89 a una empresa extranjera que repara máquinas de toda Centroamérica y el Caribe que estuvo a punto de irse del país y mudarse a Panamá por el ambiente tributario del país.

Me topé con un asesor de Mineco que temía a la  oposición de la SAT por dicha clasificación, como si la SAT tuviera vela en este entierro.  Es el Ministerio de Economía quien decide si corresponde o no la clasificación. ¿Qué tiene que ver la SAT?

Colegas y amigos se quejan de la influencia de la SAT en el Registro Mercantil y Registro de la Propiedad. La SAT trata de injerir y meterse donde no ha sido llamada y se extralimita en sus funciones como ente recaudador. 

Pero el cambio más drástico que ha tenido la SAT en los últimos años ha sido la penalización de infracciones tributarias con el fin de aterrorizar al contribuyente. En su deseo de expandir su influencia ha tratado de convertir al Ministerio Público en una extensión de la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la SAT.

El autor o promotor de esta estrategia es nada más y nada menos que el licenciado Ángel Menéndez, que de ángel no tiene ni un pelo. Gracias a Dios se ha topado con buenas agentes fiscales que le han podido hacer frente, en cierta medida, a esta estrategia de la SAT.

El problema es serio: Menéndez fue Intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT en tiempo del licenciado Rudy Villeda, quien fue denunciado penalmente por su participación en la autorización para que un Depósito Aduanero Privado opere como Tienda Libre en el aeropuerto. El licenciado Menéndez ha tratado en el pasado de encubrir este hecho, al negarse a proporcionarnos información correcta relacionada con este hecho por medio de requerimientos basados en la Ley de Libre Acceso a la Información, lo cual es un delito.

La SAT desde la gestión de Menéndez ha buscado la persecución penal de empresas que, sorprendidas en su buena fe, han sido encontradas con errores tributarios. Estas tienen toda la documentación para probar que ellos no han cometido ningún delito. La SAT sin más ni más presenta denuncias penales para que el contribuyente no solo sufra un estrés emocional significativo, sino que sufra el costo económico que representa limpiar su nombre, que en estos procesos es elevado. El fin es uno: implantar el terrorismo fiscal.

Ahora resulta que el licenciado Menéndez es nuevamente nombrado, desde la semana pasada, para ocupar otra vez el puesto de Intendente de Asuntos Jurídicos. No se puede promover la penalización de cualquier error que individuos de buena fe cometen, con tal de llegar a las metas de recaudación. Además, es obvio que este señor no trabaja parejo al encubrir a empresas que sí defraudan al fisco y encausar a otras en las que existen dudas razonables al respecto.

Este hecho no debería pasar desapercibido en las Cámaras de Comercio e Industria. No deberíamos de renombrar a personas que se prestan a proteger negocios dudosos y que se sabe no son capaces de cumplir con sus obligaciones y juegan con las vidas y negocios de los contribuyentes.

Ahora las dudas que me surgen es saber cuál es el papel del Ministro de Finanzas en todo este juego. ¿Qué terreno están preparando para el nuevo Superintendente? Él ha manifestado abiertamente que el tema del aeropuerto es un negocio que se debe  cerrar y ahora permite que se nombre al mismo intendente de asuntos jurídicos que ya permitió y encubrió el hecho al no dar información relacionada a esta ¿Dónde está parado, señor Ministro?