Como se hizo evidente la semana pasada, gracias a una llamada anónima se pudo obtener la explicación de cómo la SAT autoriza y encubre el contrabando aduanero hoy día. Cada transacción de “La Riviera” en el Aeropuerto Internacional La Aurora es un contrabando aduanero con el patrocinio y complicidad de las propias autoridades que han sido llamadas a combatirlo. Hoy por hoy la SAT se hace de la vista gorda pues tienen a Ángel Menéndez en la Intendencia de Asuntos Jurídicos y al asesor Vicente Lemus en aduanas, afirmando lo contrario, y actuando de una forma impune, al margen de la ley.

A principios del año pasado, Menéndez cuando aún dirigía la misma intendencia, en tiempos de Rudy Villeda se animó a mentir descaradamente cuando se le volvió a solicitar información acerca de la reglamentación interna. Afirmó que la reglamentación de aplicación general no había sido modificada, cuando si había sido, adicionalmente volvió a mentir descaradamente sobre cuál es la reglamentación interna especifica.

La forma de actuar de  Menéndez es delictiva, viola el artículo 66 de la Ley de acceso a la información pública decreto 57-2008 que indica: “Retención de información. Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de diez mil a cincuenta mil quetzales”.

Por lo anterior, esta semana se presentará una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, entidad reguladora de la citada ley, para solicitar certifique lo conducente, ya Menéndez de forma reiterada ha violado el derecho humano y constitucional de acceso a la información. Adicionalmente se le incluirá en el listado de personas que están siendo investigadas por el MP como encubridores de contrabando aduanero, entre otro rosario de acciones ilegales.

Si los guatemaltecos  esperan un cambio real, tienen que exigir a las autoridades, además deben usar el sistema legal, para señalar estas atrocidades. No existe un partido político que haga eso. Es el hombre de la calle, harto de injusticia, que clamando y exigiéndola va a lograr el cambio.

La historia no termina aquí. Todo lo actuado por Menéndez obedecía a una estrategia predeterminada, preparada desde el 2011, ya que se había presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra la resolución y reglamentación que autorizan contrabando aduanero. Esta estrategia elaborada por Lemus y Menéndez buscaba dos cosas, la primera es obvia, mantener la operación de contrabando aduanero en el aeropuerto abierta a toda costa. La segunda, preparar el camino para marginalizar y hacer irrelevante la posible sentencia de la CC, por si el fallo fuera desfavorable a SAT.

Este no es un ataque personal contra nadie o producto de mi imaginación. Lo afirmado aquí se puede comprobar documentalmente. Cuando se interpuso el recurso de inconstitucionalidad en julio del 2011, Menéndez dirigía la Intendencia de Asuntos Jurídicos, encargada de responder a la CC y presentar los puntos de vista de la SAT por escrito. A la hora de evacuar la vista pública, que es oral, quien la evacua en representación de la SAT es Lemus, quien el propio Villeda indicó “es el que ve toda esta cuestión”.

Analizando los argumentos de la SAT presentados por escrito y oral ante la CC, podemos observar la estrategia desarrollada y  ejecutada hasta la fecha por la SAT. Este análisis será presentado en las próximas columnas que serán dedicadas a denunciar cómo la SAT ha marginado e ignorado la sentencia desfavorable de la CC.

La pregunta clave es ¿Cuál es el papel que el Directorio de la SAT ha jugado a la fecha? En última instancia, ellos son responsables no solo penalmente, también civilmente por 20 años.