Uno de los efectos de la crisis institucional de Guatemala y en donde más se siente la incapacidad del Estado es en el área de salud y aparentemente los polí­ticos, lejos de pensar en el fortalecimiento de la institución y en trabajar para dar atención a los pacientes que requieren de ella, se inclinan por la privatización pasando por alto el mandato constitucional que obliga al Estado a ser garante de la salud pública en el paí­s.

En cualquier caso es preocupante que no tengamos capacidad para cumplir con las obligaciones constitucionales que se asignan al Estado, pero en el caso de salud es mucho más grave la consecuencia porque estamos jugando con la vida de miles de pacientes. El paí­s debiera tener una polí­tica de salud coherente que partiera de la prevención para culminar con la atención médica y hasta hospitalaria para quienes lo requieran, pero ni en uno u otro caso hay eficiencia para cumplir con esa obligación legal y moral.

La salida fácil sigue siendo la de despotricar contra lo público y alabar lo privado, como si no fuera cierto que la desvalorización que sufrimos como sociedad hace que la corrupción, la ineficiencia y sinvergí¼enzada campee por todos los ámbitos de la vida. Lo privado no es mejor que lo público y lo podemos ver en la forma en que se comportan muchos empresarios, como lo hacen personas que tienen que ver con atención al público y en las comisiones que los encargados de compras del sector privado reciben, compitiendo con los jefes de compras de las dependencias públicas.

Creemos que hace falta vigorizar el papel del Estado en aquellas áreas en las que por no haber posibilidad de lucro tiene que ser el que actúe en el servicio a los ciudadanos. Ante los niveles de pobreza que hay en el paí­s, pretender que la salud pueda privatizarse significa que a ella tendrí­an acceso sólo los que tienen recurso económico porque eso significa que el ánimo de lucro será el que determine los niveles de eficiencia. Y sabiendo que en Guatemala hay mucha gente que apenas si tiene para subsistir malamente, es ingrato pretender que tengan que pagar por los de todos modos deficientes sistemas de salud.

Si en algún caso es válido hacer comparaciones es en Salud porque podemos ver que los hospitales privados y casas de salud particulares que existen en todo el paí­s no necesariamente son sinónimo de excelencia, pero sí­ de altos costos para atender a los pacientes. Los mejores (o que presumen de ser los mejores) son sumamente caros pero tampoco tienen estándares de calidad que puedan compararse con servicios de salud de otros paí­ses y por ello es que los que verdaderamente tienen dinero viajan al extranjero hasta para curarse de un catarro.

Antaño, los hospitales nacionales eran no sólo centros de excelencia en el aprendizaje y formación de nuestros médicos, sino verdadero consuelo para la gente. Recobrar esa calidad es lo que tendrí­an que proponer los partidos en vez de andar con ideas que apuntan a una privatización del servicio.