Viajar en autobús en Guatemala, sea urbano o extraurbano, es emprender la ruta de la muerte dada la tremenda inseguridad que prevalece en el sistema de transporte de pasajeros en nuestro país. Si no es un accidente causado por la imprudencia abusiva de los pilotos, se trata de un asalto como los que esta mañana volvieron a conmover a la población y ni en uno ni en el otro caso la autoridad atina a reaccionar para implementar acciones que devuelvan mínimos de seguridad a la población.
No es casualidad el aumento de la cantidad de vehículos particulares en nuestro país, porque cualquiera hace el mayor esfuerzo por comprar su auto a fin de librarse del riesgo de emprender alguna de las tantas rutas de la muerte. La ausencia de un sistema eficiente y seguro de transporte colectivo termina afectando a toda la población por esos congestionamientos viales que cada día son mayores porque cada vez hay más carros.
El caso de los asaltos a buses y el ataque directo contra los pilotos es un dolor de cabeza para la población y las autoridades encargadas de la seguridad no atinan a darle respuesta al problema porque se carece de mecanismos adecuados de investigación para determinar el origen de lo que parece como una campaña bien orquestada para mantener el caos en el país y minar más aún, si es que ello es posible, a las mismas autoridades. Resulta inconcebible que no se logre determinar quiénes están atrás de esa ola de ataques al sistema de transporte público porque llevamos ya demasiado tiempo soportando ese agravante de la inseguridad ciudadana. Hay que recordar que en la pasada campaña electoral hasta se habló de intenciones políticas atrás de los ataques contra el transporte público, pero un año más tarde seguimos a ciegas y sin tener avances importantes en la investigación de esos delitos.
Es importante que se hagan esfuerzos grandes, concentrando recursos de investigación criminal, para atacar el problema de la inseguridad en el transporte de pasajeros porque ese problema está escapando ya al control de la fuerza pública y evidenciando las notables carencias del Estado en el cumplimiento de su principal obligación como es la de garantizar la vida de los habitantes de la República.
Los empresarios del transporte urbano han asumido la postura de contratar agentes privados de seguridad para algunas de sus unidades, pero debido a la falta de preparación de esos policías, no puede descartarse el mayor riesgo para los pasajeros porque lidiar con sicarios que son contratados para mantener el clima de anarquía en el país y demostrar la incapacidad del gobierno para actuar no es fácil. Privatizar la seguridad de los buses puede hasta ser un remedio peor que la enfermedad.