Es escalofriante la forma en que los grupos criminales se han adueñado de la carretera que da salida hacia El Salvador, donde varias son ya las muertes violentas ocurridas a manos de alguna pandilla que, indudablemente, tiene protección policial o está compuesta por agentes de la PNC porque no se explica de otra manera la absoluta impunidad con que actúan los criminales. La detención de algunos agentes no resolvió en absoluto el problema porque evidentemente la red es demasiado grande y la captura de dos policías no hizo mella en la estructura criminal que, desafiante, sigue actuando como si tal cosa.
Para el gobierno y para las nuevas autoridades de policía, esta situación es un reto inmenso porque recuerda aquellos años de terror cuando una banda de violadores y asesinos asolaba colonias de la ciudad en tiempos de Ríos Montt y mantenía con el alma en un vilo a todos los pobladores. La urgencia de acción efectiva es no sólo una necesidad humanitaria para devolver la calma a miles de personas que tienen que transitar por esa ruta, sino que además es una necesidad política para el gobierno que en ese tipo de hechos enfrenta el reto de una violencia y delincuencia campantes que no se detienen ante nada y que no le temen al poder organizado.
Resolver los crímenes cometidos en la carretera a El Salvador tiene que ser una de las obligaciones prioritarias de este Gobierno, no porque la condición social de las víctimas sea el factor determinante, sino porque está a prueba su capacidad de enfrentar la violencia con inteligencia. En muchos casos se puede decir que ese ofrecimiento de campaña parece vacío e irreal, pero cuando se materializan concretamente casos como los que tienen indignada a la población, es evidente que se está lanzando un reto directo, frontal e inequívoco, al Gobierno del presidente Colom y no puede descartarse que el incremento de la inseguridad sea una reacción de los grupos criminales que sienten algún tipo de presión con los cambios realizados en el gobierno.
No puede seguir habiendo delincuencia en el nivel que se está dando la que ahora agobia a la población, y como respuesta oficial solo obtengamos pasividad. Cada muerte es un reto para el gobierno y hasta ahora está perdiendo el desafío que le lanzan los grupos organizados porque evidentemente no atinan a dar respuesta a esas bofetadas en pleno rostro que les lanzan a un costo de sangre que para la sociedad es inaceptable. Acabar con la ruta de la muerte es una obligación ineludible.