Pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) señalara que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se extralimitó en sus funciones al exonerar de impuestos a La Riviera, y que Pavel Centeno, ministro de Finanzas, indicara que ya no podía seguir operando, la tienda sigue facturando.

La empresa Tiendas Libres de Guatemala, Sociedad Anónima, de nombre comercial La Riviera, emitió ayer la factura de venta T3C2- 33536, a las 13:20 horas. De acuerdo con lo que se consigna en dicho documento, la venta fue por 80 dólares.

En esta transacción, el cliente le compró a la tienda una botella de licor guatemalteco, para lo cual hizo un pago en efectivo. Al final de la factura, se consigna que la venta fue exonerada de impuestos.

Antes de su emisión, ayer por la mañana, en el Juzgado Quinto del Ramo Penal fue suspendida una Audiencia promovida por Asociación de Protección del Contribuyente (Asprodeco), en la que requerían la solicitud de aplicación de medidas precautorias  para la mercadería que se encuentra en los almacenes y bodegas de La Riviera.

El motivo para que la misma ya no se realizara fue por incomparecencia de la SAT. En ese momento la juzgadora, Ligia Pérez, manifestó que antes de dictar cualquier resolución quería ir a SAT, porque estimaba que había muchas irregularidades y que por tanto, deseaba investigar de forma directa.

Como consecuencia, la diligencia judicial fue reprogramada para el 11 de septiembre próximo.

Fue momentos después de la suspensión de la Audiencia, en que el movimiento en ventas en la tienda se reanudó.

En este proceso, ayer Pavel Centeno, ministro de Finanzas, dijo a La Hora, que desde el momento en que se publicó en el Diario Oficial la resolución de la CC donde indicaba que la SAT se atribuyó funciones que no le correspondían, La Riviera ya no podía funcionar.

 “Aquí no hay regreso; aquí no hay salida. Simple y sencillamente deja de funcionar”, dijo. Según el ministro, él tenía entendido que desde el martes La Riviera no estaba operando.

Sin embargo, la factura enviada por Asprodeco, prueba que la orden no se acató, y que en medio de confusiones, continúa sus operaciones.

ANALIZAN PRESENTAR DENUNCIAS

Entre tanto, la junta directiva de Asprodeco, querellantes adhesivos en el proceso penal, se reunió hoy para analizar si presentarán acciones penales en contra de exfuncionarios de la SAT, por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, resoluciones contrarias a la Constitución.

De acuerdo con el abogado, Luis Fernando Cordón, Asprodeco también estudia presentar denuncias en contra de actuales funcionarios de la institución tributaria, por los ilícitos de omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.

DETERMINAR LO DEFRAUDADO

En este caso, Centeno también indicó que lo que ahora procede es que la SAT inicie con la fiscalización, es decir, “hacer una contabilidad de lo que se dejó de pagar de impuestos” de parte de La Riviera, para luego proceder con “hacer por la vía legal le exigencia de la devolución de esos impuestos no cobrados”, cuyos montos “deben ser recuperables”.

Asprodeco estima que los recursos que la tienda libre no traslado al Estado en concepto de impuestos, ascienden a Q150 millones aproximadamente.