DEL RECUERDO Y LA CELEBRACIÓN
Para muchas personas, de manera especial para la juventud, el recordar cada año la gesta revolucionaria del 20 de octubre de 1944, como que ya no tiene sentido; sin embargo, ignoran que aún persisten muchos de los logros sociales que como consecuencia de dicho movimiento armado, disfruta, goza y ejercita la sociedad guatemalteca.

La Revolución del 20 de Octubre de 1944 fue la respuesta del pueblo de Guatemala a más de setenta años de dictaduras liberales, discriminadoras con pretensiones de modernizar al país, valiéndose de la economía capitalista en manos de los cafetaleros e industriales alemanes de las compañías bananeras, ferrocarrileras y de la electrificación, pero que continuaba con resabios feudales, por parte de los latifundistas guatemaltecos, para quienes sus trabajadores eran siervos y mantenían en lo laboral el trabajo forzoso no sólo en la agricultura , sino también en el servicio de obras públicas.
La Revolución de Octubre del año 1944 dejó un legado jurídico plasmado en la Constitución de 1945, la que adaptó el sistema judicial a las necesidades modernas de la época; en la legislación se crearon figuras y normativas innovadoras, en el organismo ejecutivo se “remodeló” la administración pública con la creación de instituciones de beneficio social que llenaron algunas de las necesidades básicas, justas y necesarias que demandaba la población rural y urbana; así mismo, se trató la figura del Ejército y su administración pasando, de esa manera, de vivir un constitucionalismo liberal a vivir un constitucionalismo social (las relaciones de trabajo eran objeto de trato civil y se elevaron a la categoría constitucional al igual que la previsión social).

ANTECEDENTES
La burguesía guatemalteca tuvo su primera manifestación clara y concisa con el movimiento independentista de 1821 con las ideas anticolonialistas de Pedro Molina, Mariano Gálvez y años más tarde con la participación de Francisco Morazán.  Como segundo movimiento burgués se considera al proceso de la Reforma Liberal, se le vio como el continuismo del pensamiento de Pedro Molina, hasta alcanzar sus más altos niveles de mayor sumisión con los gobiernos ejercidos por Manuel Estrada Cabrera, José María Orellana, Lázaro Tomás Chacón y Jorge Ubico.
El tercer movimiento revolucionario burgués fue la Revolución de Octubre de 1944, pues a lo largo de sus diez años de vida, se impuso la burguesía nacionalista con el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán; en este último, hizo su debut el movimiento obrero como estamento de clase en la orientación y reivindicaciones de la revolución burguesa, en contraposición a la burguesía  pro imperialista que tuvo como aliados en el ambiente interno del país a los terratenientes feudales, caficultores habilitadores, maestros artesanos y pequeña burguesía que dependía económicamente de los sectores mencionados.
Estos dos grupos fueron acentuando sus diferencias a través del tiempo, siendo que los pro imperialistas han gobernado por una cantidad de años mayor sobre la burguesía nacionalista; esto debido a la penetración y dominio casi absoluto logrado por el imperialismo estadounidense en la vida política y económica de Guatemala. 

DERECHOS SOCIALES
A continuación, presento algunas de las respuestas a las interrogantes planteadas a algunos de los diputados constituyentes del año 1944-1945,  al emitir criterio sobre la inclusión de los derechos sociales, la regulación legal del ejército, el voto femenino y el voto del analfabeta entre otros temas, indicaron lo siguiente:
José Luis Bocaletti Ortiz dijo: “Es innegable que la inclusión de los derechos económico-sociales en el texto de la Constitución del 45 marca una brillante y progresiva etapa en la conquista de estos derechos indispensables en nuestra normativa jurídica…”  “Incluir en el texto de la Constitución la regulación y organización del Ejército se debió al interés que todos los guatemaltecos teníamos de evitar cuanto fuera posible el golpe armado, el Gobierno de facto; en una palabra los cuartelazos y se tomó de la Constitución de Bolivia vigente en aquella época lo que se relaciona con el Ejército y el Jefe de las Fuerzas Armadas, pero desgraciadamente el resultado fue contrario a nuestras aspiraciones porque el Jefe de las fuerzas Armadas se creyó sucesor obligado del Presidente de la República”.
Por otro lado, Saúl Calderón Paz opinó: “Es cierto que en todo el capítulo relativo a las garantías sociales, que comprenden las secciones de Trabajo, Empleado Público, Familia y Cultura, se desarrollaron materias e instituciones completamente nuevas en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, pero estimo que hizo falta considerar muchos aspectos más de orden social, ni siquiera mencionados en el texto”.
 En relación al Ejército, se le preguntó si hubo presión alguna para los cambios, es decir, para constitucionalizar a la institución castrense manifestando: “Me inclino  creer que sí existió dicha presión, aunque como dije antes, no ostensiblemente, pues sé de lo que son capaces nuestros militares en Guatemala, que jamás les ha importado la soberana voluntad del pueblo; de donde ha resultado que siempre, aún los ciudadanos legítima y popularmente electos como presidentes, cuando han asumido el poder ha sido con la “venida” o “permiso” de ellos, que abusivamente se han arrogado el “derecho” de quitar y poner presidentes a su antojo.
Por otra parte, se creó la Jefatura de las Fuerzas Armadas para quitar el poder de las armas al ciudadano Presidente de la República, pensando, como indiqué antes, en el “fantasma” de Ubico, y evitar que el gobernante fuera, como hasta entonces, “dueño de honras, vidas y haciendas” o sea, el absolutismo presidencialista del que han hecho gala en nuestra patria todos los nefastos mandatarios que han controlado el poder de las armas, olvidando que este poder, que representa la fuerza, debe estar al servicio del Derecho y nunca a la inversa”.
En relación a la supresión de las Jefaturas Políticas, hoy Gobernaciones Departamentales, indicó: “Desgraciadamente los militares continuaron detentando dichos cargos porque en nuestro medio, en el que hay exceso de elemento castrense y en el que todos los años aumenta el número, después de cubrir  todos los cargos disponibles en el Ejército, debe nombrarse el excedente para cargos de la administración pública, porque ellos no pueden estar cesantes; de ahí que se les nombre hasta para delicados cargos diplomáticos, importantes puestos en el ramo de Educación, etcétera; y con mayor razón, para gobernadores departamentales, que son los sustitutos de los jefes políticos, que ellos siempre consideraron cargos suyos por derecho propio”.
Igualmente, Clemente Marroquín Rojas que fue consultado respecto de la regulación del Ejército indicó: “Ustedes hablan de regulación, eufemismo que encubre la realidad. No es regulación, es preponderancia. Ustedes deben saber que la Revolución no la hizo la juventud, el estudiantado, como se enorgullecen aquellos de haberla hecho.  La Revolución fue sencillamente un cuartelazo, pero con la diferencia de que se apoyaba en un principio legal: la no reelección de Ponce.
Esa revolución militarista la hizo el mayor Francisco Javier Arana. Y más que él, el oficial que mató al general Corado, que iba a recibir la Jefatura de la Guardia de Honor.  Aquel hecho ponía a los jefes y oficiales de dicho cuartel en una posición de ser fusilados en masa o levantarse en armas.  Este segundo camino tomaron los referidos oficiales.  Y por eso llegó el mayor Arana a formar parte del triunvirato que después se autollamó Junta Revolucionaria de Gobierno”.
¿Es cierto que la tradición del laicismo que venía desde la Constitución liberal de 1879 se rompió con la Constitución de 1945?
Según las palabras de Marroquín Rojas, “Lo que realmente pasa es que la Revolución Liberal, esencialmente anticlerical y por ende “laicista”, terminó con la muerte del general Barrios.  Después solo hubo farsa. La Iglesia aunque débil siguió mandando en los espíritus “liberales por fuera”.  Y esto se agravó cuando Ubico reanudó el viejo Concordato con la Santa Sede, roto por Barrios, y abrió la puerta a la invasión de sacerdotes y órdenes religiosas extranjeras.  El retorno del clericalismo fue rápido, porque se sabía, además, que era grato a Ubico.
En menos de 25 años la iglesia tiene bajo su control más del 50% de la educación del país y, políticamente, con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DC) y las organizaciones religiosas puramente políticas.  El dominio de la Iglesia es completo en el país.  Retornaremos con más ardor a los días de fray Ramón Casaus (…) observen ustedes que hasta los militares no realizan un acto cualquiera, oficial o privado, donde no esté un cura echando bendiciones (…) hasta la Escuela Politécnica tiene por capellán al Arzobispo de Guatemala, el más intrigante y politiquero que hemos tenido.
Guatemala, señores, mental y espiritualmente es la misma Guatemala de Rafael Carrera.  No sé si esto sea para bien o para mal, porque la desmoralización nuestra va entre las más avanzadas del mundo”, explica Marroquín Rojas.
Con atención al voto femenino, el constituyente que se opuso al mismo, fue José Manuel Fortuny argumentando su negativa indicando que las mujeres jóvenes y viejas cobran su mentalidad política en el confesionario.  Ante ello, el representante Marroquín Rojas se encargó de dar a Fortuny soberana paliza oratoria, probándole históricamente el valor de las mujeres, contra la pusilanimidad del hombre, y refirió de manera bella y objetiva las virtudes políticas de la mujer, que no se podía dudar del derecho  de ella a participar en política con el mismo derecho que los hombres.
Por su lado, Alberto Paz y Paz, habló en relación a la participación política en la redacción de la Constitución de 1945, ¿Existieron corrientes ideológicas o grupos partidistas dentro de la Asamblea?
Su respuesta fue: “Los partidos políticos son la expresión formal de las corrientes de opinión.
En un país tan heterogéneo como Guatemala es explicable que haya opiniones contrapuestas.  Se quiso legislar  solamente para Guatemala, suponiendo que con buenas leyes remediaríamos todos nuestros males, que han ido agravándose más.  Olvidábamos que éstos no obedecen a la desprovisión de leyes, sino a la carencia de educación y cultura”. 
En una segunda pregunta, ¿qué perseguía la Constituyente al incluir en el texto la regulación sobre el Ejército?, respondió: “El ejército, aún sin una plena conciencia de ello, ha sido una superestructura con frecuencia todopoderosa.  Era preferible encausar esa fuerza, acotarla, para que de alguna manera se pusiera al servicio efectivo del país.  Se pretendió reducirlo a normas, dignificarlo como institución nacional y ponerle fin al predominio de la fuerza bruta.  Ingenuamente olvidamos que a ésta no se le puede reducir mediante el raciocinio y no dejamos en el tintero, sino simplemente ignoramos que, sin un cambio básico de las condiciones socioeconómicas de un pueblo, las superestructuras no cambiarán nunca”.
Para Carlos Manuel Pellecer Durán, el voto del analfabeto fue una cuestión que dio lugar a serios y apasionados debates, veamos la intervención de uno de sus detractores: “El indio es analfabeta, ignorante, haragán y sumiso, de consiguientes es manipulable.  Como a él se le lleva a los cuarteles, a través de la jerarquía militar, se le obliga a que obligue a la población también analfabeta e ignorante a que vote por el dictador de turno, logrando que se perpetúe en el poder.  Lo más fácil es que estos indios analfabetas no tengan derecho a votar”.
El principal sostenedor de tal teoría fue el Licenciado Adalberto Pereira Echeverría quien como ironía representaba al departamento de El Quiché con una mayoría de población indígena. Le secundó en tal manifestación, el licenciado Manuel De León Cardona quien manifestó su extremo desprecio por el “indio”.
Carlos Manuel Pellecer, fue dirigente sindical durante su exilio en México, allí conoció la práctica del derecho de trabajo mexicano, cuyas ideas y fundamento utilizó para introducir en la nueva Constitución guatemalteca. “Acompañado de Humberto Sosa, elaboramos a manera de ponencia el articulado concerniente a los derechos de los trabajadores, para proponerlo en la Asamblea Constituyente.  Primero lo pasamos al licenciado Jorge García Granados, presidente de la Comisión de los Quince, y fue en esa Comisión donde principalmente se debatió nuestra ponencia, sostenida por el mismo García Granados, quien le introdujo una sola modificación”.
Siguiendo el texto mexicano, “Sosa y yo proponíamos que en caso de despido injustificado o indirecto de un trabajador, el empresario debía pagar al obrero “dos veces el sueldo mensual” a manera de indemnización.  Mas García Granados, con muy buen sentido, pensando que sobre todo en las fincas rurales había miles y miles de viejos trabajadores de seguro con más de cincuenta años de antigüedad  y quienes en aquellos años tenían salarios de 5, 8 y 10 centavos, era muy fácil para un patrón pagar una miseria como indemnización, y “santos en paz”; de modo que modificó nuestra ponencia, introduciendo como indemnización aquello de un mes por año trabajado, lo cual era mucho más justo o, cuando menos, retendría la mano de los patronos para deshacerse tan fácilmente de los viejos trabajadores”, concluye el texto.
De esta manera, espero que la lectura del presente artículo nos proporcione algunos datos históricos que nos ayuden a comprender parte de ese pasado para entender nuestro presente así como el origen y desarrollo de la actividad política, el pensamiento de algunos constituyentes y sobre todo, entender la diversidad de pensamiento de la clase política y militar de Guatemala en esa época.