El artículo 1º de la Ley de Reforma Agraria estipuló que su objeto era «desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura, y preparar el camino para la industrialización de Guatemala».
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En pocas palabras, el gobierno de Arbenz fue el único que se preocupó con formalidad para encontrar solución al inveterado problema de la tierra en Guatemala con la creación del DAN (Departamento Agrario Nacional); con medidas reales que afectaron los intereses de las compañías transnacionales; las expropiaciones se pagarían con bonos del Estado, a un plazo fijo y no con dinero efectivo, según el precio declarado en la Dirección General de Rentas; lo que contribuyó al descontento de la clase económica susceptible de tener terrenos expropiables.
Junto al proceso legal de expropiación se dieron algunas invasiones de tierras. También fue muy criticado y provocó insatisfacción, el que la tierra no se diera a los campesinos en propiedad sino en usufructo. Con el transcurso de los años, los sucesivos gobiernos no atendieron el clamor del sector campesino para poseer terrenos que les permitan su subsistencia diaria en condiciones mínimas de dignidad tal como lo estipula el texto constitucional.
La creación de instituciones tales como el Fydep (Fomento y Desarrollo para el Petén), INTA (Instituto Nacional de Transformación Agraria) Fontierras (Fondo Nacional para la adquisición de Tierras) no lograron sus objetivos y el movimiento agrario ha permanecido sin tener respuestas reales a las demandas durante los últimos 50 años.
El fenómeno anterior como consecuencia promovió la invasión de fincas particulares con el ánimo de que el Estado las compre para repartirlas a los campesinos; sin embargo, tal acción dejó decenas de muertos en diferentes áreas del país; tal como recordamos los incidentes de Panzós, María Olga como los paradigmáticos.
Los Acuerdos de Paz firmados por el movimiento guerrillero y el Estado de Guatemala, no fueron suficientes para que lo relativo al otorgamiento de tierra a la población campesina desposeída, se aplique en su verdadera esencia, y el problema subsistirá mientras los gobernantes no tengan interés por encontrar soluciones prácticas a este añejo problema y se sigan acomodando a los mandatos del sector agro exportador del país.
Las demandas actuales de los campesinos son: a) el otorgamiento de tierras; b) inclusión del sector indígena en el rubro de la tierra en el equipo de gobierno; c) respeto a los acuerdos en relación a la explotación minera a campo abierto e instalación de hidroeléctricas y cementeras, d) el cese de la persecución política a líderes campesinos, y e) respeto a sus creencias religiosas.