Se llega a un aniversario más de la Revolución de Octubre de 1944; como si nada, han pasado ya sesenta y cinco años de haberse iniciado una transformación social que dejó al país libertad para respirar aires de libertad y gozar de algunos derechos humanos que fueron conculcados durante muchísimos años por los representantes de los propietarios de Guatemala.
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Ante la dimisión del general Ponce Vaides, heredero político del ex presidente Jorge Ubico, la gestión de la Junta Revolucionaria de Gobierno, no obstante su brevedad, tuvo repercusiones que se prolongan hasta el presente. Emitió 89 decretos, orientados a desmontar la estructura administrativa y política de la dictadura y a crear las bases necesarias para insertar la vida institucional del país en las nuevas corrientes sociales y políticas mundiales.
La descentralización del Organismo Ejecutivo y la efectiva separación de los tres poderes del Estado; supresión de los Designados a la Presidencia y sustitución de éstos por un Vicepresidente; alternabilidad en el poder, no reelección y reconocimiento del derecho del pueblo a rebelarse cuando ésta se intentara; nueva organización y agrupación del ejército; organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular; autonomía efectiva del Poder Judicial; autonomía de la Universidad; el reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme a la ley, y representación de ellos en los cuerpos colegiados de elección popular.
El sufragio obligatorio y secreto para el hombre alfabeto, obligatorio y público para el hombre analfabeto, y reconocimiento de la ciudadanía a la mujer; y efectiva probidad administrativa. la Junta creó el Comité Nacional de Alfabetización, con el objeto de combatir la causa primordial que ha impedido el funcionamiento de una auténtica democracia en el país
Los actos político- administrativos que se dieron en los primeros años del gobierno de Arévalo respondieron a necesidades sociales y de modernización anheladas. Esa orientación tuvieron las reformas bancaria y monetaria de 1945 y la Ley de Fomento Industrial de 1946, la creación del Instituto de Fomento de la Producción, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la legislación petrolera; medidas que crearon el esperado marco institucional para estimular la actividad económica.
La profunda reforma educativa, en la que Arévalo exhibió su reconocida competencia, tendió a remover los obstáculos al desarrollo. La legislación social (ante todo el Código de Trabajo, el primero que Guatemala conoció en su historia) creó el marco, igualmente esperado, para que las clases subordinadas trataran de cobrar su lugar en la historia, lo que se consiguió después de vencer grandes resistencias, inclusive dentro del propio gobierno y el sector más conservador del ejército.