Con el tradicional estilo político de un gobierno comandado por un partido político como el que actualmente ocupa las poltronas oficiales, eran de esperarse los asedios a la autonomía de diversas instituciones, y para muestra varios botones: el pulso final entre los altos mandos de la SAT y el Ministro de Finanzas se decantó por el más político y allegado presidencial.
Este mismo Ministro y colega se enfrenta frontalmente al Consejo Superior de la universidad estatal, tratando de poner punto final a la tradicional pedidera de pisto que año con año ronda en esa casa de estudios, asediada por las conquistas laborales y necesidades de jubilación del montón de académicos de carrera que la pueblan.
En otra esfera del quehacer público “el propietario del IGSS”, tal y como se autonombró en su primera conferencia de prensa, el militar Juan de Dios Rodríguez, hizo valer con lujo de fuerza la conquista de la más alta silla ejecutiva, gracias al respaldo presidencial de su amigo y colega de milicias; sin siquiera tener las más mínimas credenciales para optar a un puesto tan complejo que requiere de toda una especialización en políticas sociales, inversión financiera, y por supuesto en el complejo tema de la seguridad social.
Y se sabe también que varios allegados al partido oficial, se encuentran en plena labor de proselitismo con la Asamblea General del Deporte para hacerse del control de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, -CDAG- y entretejer el cerco de los entes que componen el Conader, y que goza de los aportes constitucionales a la recreación, la educación física, el deporte federado y el olímpico.
No soy partidario de las autonomías plenas y autárquicas, y en esta misma columna he expresado mis críticas a la balcanización del Estado, y al ascenso de verdaderas logias antidemocráticas, que se han apoltronado en diversas esferas del quehacer público, alardéandose de la inviolabilidad del territorio, y tratando a las instituciones como un verdadero coto de caza.
Es así como los políticos oficiales de turno tienen ante sí una tremenda responsabilidad sobre sus espaldas, pues si la esfera pública guatemalteca se da cuenta de que lo que se observará en los entes tomados casi por la fuerza son puros intereses y negocios, a la larga, una nueva ola conservadora de conocidos críticos del quehacer político se erigirá, pugnando de nuevo por la corporativización de innumerables entes públicos.
Entendemos por “corporativización”, la intromisión de diversos gremios, léase patronos, cooperativistas, trabajadores y profesionales colegiados, en las directivas de entidades autónomas, sin la más mínima línea de coordinación con un plan o estrategia estatal que tienda a orientar el rumbo de largo plazo de las políticas que devienen del quehacer institucional.
En tal sentido, en virtud de que la pelota está en el Ejecutivo, tremenda prudencia y cuidado deberá tener ese primer anillo presidencial que no sólo ha procedido a concesionar arbitrariamente el Puerto Quetzal, sino se encuentra cavando trincheras principalmente en aquellos entes que ofrecen oportunidades de negocios de gran calado y cuyas compras y adquisiciones son presa de verdaderos tiburones de los negocios.
Está en juego de nuevo si el poder Ejecutivo debiera ejercer mayor beligerancia para direccionar un plan de gobierno integral o si “los políticos” deben ser neutralizados, dando lugar a los “tecnócratas”.