Todo ser humano es responsable por sus actos, buenos o malos, y cada uno de ellos tiene consecuencias. Desde el punto de vista legal, hay dos clases de responsabilidad y uno tiene que asumir las consecuencias civiles y/o penales por acciones cometidas en perjuicio de terceros.
Civilmente el que perjudicó a terceros tiene obligación de resarcir el daño causado y para el efecto hay un procedimiento en el que se establece no sólo la reposición de cualquier pérdida provocada, sino también el resarcimiento por los daños y perjuicios que pudieron causarse.
Penalmente el castigo es una condena a prisión por violar alguna ley y es corriente que una persona condenada por la comisión de un delito, tenga además que asumir las responsabilidades civiles derivadas del hecho ilícito perpetrado.
Viene a cuento lo anterior porque en su defensa los implicados en el caso Bancafé han juntado a varios abogados que insisten en que es un caso que se debe resolver por la vía civil y que el Ministerio Público actuó mal al presentar la acción penal en contra de los sindicados. La verdad, desde el punto de vista legal, es que si la Fiscalía establece que hubo algún delito, en este caso podría ser de estafa, no necesariamente tiene que esperar a que termine el proceso por la vía civil porque se trata de responsabilidades distintas. Una cosa es la obligación de devolver el dinero a los ahorrantes que fueron burlados y que perdieron todos sus depósitos, más los daños y perjuicios que les pudo provocar el manejo irresponsable de dinero ajeno por parte de banqueros que eran depositarios de la confianza de sus clientes, y otra muy distinta es, si se prueba de manera fehaciente, la comisión del delito de estafa. El artículo 271 del Código Penal habla específicamente de la responsabilidad de los auditores, contadores, expertos, directores, gerentes, liquidadores o empleados de entidad bancaria que engañen al público.
El sábado decíamos que lo más selecto y granado de nuestro foro estará a disposición de los sindicados en el caso Bancafé y así ha resultado. El Ministerio Público tendrá que lidiar no sólo con un selecto grupo de abogados que tratan de convencer a la opinión pública que es una conspiración de la fiscalía, un show publicitario, y tendrán amplia repercusión en los medios de comunicación.
Pero hay un hecho concreto y es que la justicia en Guatemala nunca ha servido para castigar ciertos delitos cometidos con cuello blanco y lo que está a prueba ahora es si la impunidad persiste, si la impunidad sigue siendo el manto para proteger a malos banqueros que deshonran una actividad que por definición y principio debe ser honorable, o el reclamo de los afectados por actos criminales al fin será escuchado.
Minutero:
Otros países del mundo
han cambiado en este año;
mientras haya tanto dundo
no nos llamemos a engaño