China mantuvo la represión política durante los Juegos Olímpicos sin cumplir su promesa de mejoras en el campo de libertades cívicas, denunciaron hoy grupos de defensa de los derechos humanos y disidentes del país asiático.
La atribución en 2001 de la 29a. edición de los Juegos Olímpicos a la capital china había alimentado la esperanza de que, bajo la mirada del mundo, Pekín estaría obligado a reducir la presión sobre las voces que difieren de la doctrina del régimen.
Y durante las competiciones, las ONG continuaron esperando que las autoridades, que recibían a decenas de periodistas y turistas internacionales, se viesen obligadas a ceder un poco en lo que respecta a la libertad de expresión, la libertad de religión o los disidentes.
Los diez primeros días de competiciones no mostraron nada de todo esto: el acceso a internet estaba parcialmente limitado, varios militantes pro tibetanos fueron detenidos y los disidentes arrestados justo antes de los Juegos no fueron liberados.
«Hasta la fecha, lo que se había anunciado públicamente no se concreta en la realidad», y una serie de preguntas no tienen respuesta, dijo el sábado Giselle Davies, portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI).
Por ejemplo, Zhang Wei, una residente de Pekín que intentó obtener una compensación por la demolición de su casa, fue condenada a 30 días de arresto por «alteración del orden público».
Zhang Wei había pedido el permiso para manifestarse en una de las tres zonas donde las autoridades permiten las protestas, explicó su hijo, Mi Yu. El régimen prometió que haría concesiones respecto al derecho a manifestarse.
«Hicieron este anuncio para el mundo exterior pero, en el interior del país, reprimen a la población», declaró Mi.
Los tres lugares donde oficialmente estaban permitidas las manifestaciones estuvieron vacíos. Varios militantes aseguraron que habían sido disuadidos de concentrarse.
La autoridades chinas indicaron hoy que no hubo una sola demanda que acabara en manifestación. Según ellas, se efectuaron 77 demandas, 3 de ellas fueron rechazadas y 74 retiradas por las personas que las habían efectuado.
Para Nicholas Bequelin, de la organización Human Rights Watch (HRW), los Juegos Olímpicos «no favorecieron» las reformas en materia de los derechos humanos. «De hecho, ralentizaron los trabajos en curso y provocaron un aumento de abusos», advirtió.
«La estrategia adoptada por Pekín para la preparación de los Juegos fue erradicar todas las voces críticas e impedirles transmitir su mensaje en los medios internacionales», añadió Bequelin.
La esposa del disidente encarcelado Hu Jia desapareció el día antes de la apertura de los Juegos. Desde entonces, no se ha podido establecer un contacto con ella.
Hu Jia, una de las voces más críticas del régimen, fue condenado en abril por «intento de subversión».
La desaparición de Zeng «está claramente vinculada a los Juegos Olímpicos, ya que perdimos el contacto (con ella) justo antes del inicio de los Juegos», declaró Li Fangping, el abogado del disidente.
Un opositor chino escribió al presidente del COI, Jacques Rogge, para alertarlo del deterioro de las condiciones de vida en la cárcel.
He Depu, con una pena de ocho años, afirmó, en una carta difundida a la prensa por Human Rights in China (con sede en Nueva York), que la situación de los prisioneros políticos empeoró pese a la esperanza de que los Juegos Olímpicos sirviese para dirigirse hacia un cambio.