Poco a poco, a la fuerza, conminados, cuasi obligados y en algunos casos por orden de los órganos jurisdiccionales, algunos funcionarios han tenido que rendir cuentas sobre el manejo de los fondos asignados a las dependencias que dirigen; sin embargo, en la mayorí­a de casos, esa realidad ha sido muy pero muy pequeña.

Los ejemplos que tenemos a través de la Historia de Guatemala, nos indican que la mayorí­a de los gobernantes que ha tenido el paí­s, dispusieron de los fondos del erario nacional para algunos de sus muy variados intereses particulares, desde la construcción de infraestructura vial (puentes, carreteras y hasta pistas de aterrizaje) para transportar los productos como azúcar, cardamomo, añil, maí­z, frijol, de sus haciendas, tierras, fincas y granjas; hacia los puntos de exportación o mercados de venta.

Al hacer un estudio de las conductas presidenciales a través del tiempo, analizando las granjerí­as a que tuvieron acceso, las imposiciones impuestas por ellos mismos al Estado mediante la creación de leyes, reglamentos, acuerdos o bien órdenes verbales para lograr sus fines de forma «legal», la amenaza polí­tica, entenderemos el porqué de algunas transacciones polí­ticas para derrocar gobernantes.

Existen excepciones muy, pero muy honrosas, de personas probas, decentes, educadas y correctas que ejercieron y que ejercen gobierno, pero en términos generales es lamentable que a través de los años, los gobernantes de Guatemala (esto incluye a toda la gama de designados a la Presidencia, Vicepresidentes, Secretarios de Estado, Ministros, Viceministros, Comisionados Presidenciales, Directores Generales, Funcionarios y Empleados Públicos de los Organismos del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial) hayan aprovechado sus cargos para convertirse en millonarios o bien para enriquecerse hasta la brutalidad como lo demuestra la historia reciente.

De ello deriva, la necesidad que el Estado transparente sus funciones y que el ejercicio del derecho a ser informado sea ejercido de manera plena apoyado en las leyes vigentes del libre acceso a la información, obligatoriedad de rendición de cuentas y controles fiscales.

Por los hechos y casos sucedidos, como que ya empezamos a recorrer ese camino; será de beneficio para la sociedad guatemalteca y sobre todo, la recuperación de la dignidad de los servidores públicos a efecto de que no se generalice la estigmatización que les persigue.