Hoy publicamos un trabajo sobre la tendencia que hay en el Estado a mantener la ocultación de los datos, manteniendo así una cultura de opacidad no obstante que se habla de transparencia. Paradójicamente, la aprobación de la Ley de Acceso a la Información vino a ser un retroceso porque ahora todos, hasta el funcionario de menor jerarquía, se remite a los términos y plazos de la ley cuando se le consulta sobre aspectos relacionados con la rendición de cuentas y en vez de que hayamos avanzado, la obtención de información se ha convertido en un proceso tortuoso y generalmente infructuoso.
ocmarroq@lahora.com.gt
Los temas de Cohesión Social fueron los que marcaron la pauta porque a partir de ellos se ha definido toda una política de gobierno orientada a negar el acceso a la información. Razones para justificar el secreto siempre se podrán esgrimir, pero la realidad es que siendo los políticos que ejercen función pública depositarios de la soberanía del pueblo, no hay ninguna razón por la cual no se le informe a la población respecto a la forma en que se administran los bienes del Estado que son, en definitiva, bienes del pueblo.
Los viajes presidenciales, por ejemplo, constituyen una muestra clara de que hay política de ocultamiento de la realidad. Ya dijimos en La Hora que no pretendemos que el mandatario viaje a tres menos cuartillo ni que lo haga de manera que no corresponda con la dignidad de que está investido, pero siempre tiene que haber una explicación a la ciudadanía de lo que cuestan esos viajes para establecer una relación de costo-beneficio.
Ahora el Ministerio de Gobernación dispuso restringir el acceso a la información sobre los agentes que se dedican a la protección de personas y sobre los usos y arrendamientos de vehículos blindados. Creemos que es razonable que se mantenga en reserva los detalles sobre cuántos agentes se destinan a cada individuo y los turnos en que trabajan, así como las características de los autos blindados que se asignan a cualquier persona, pero conocer cuánto se gasta globalmente en arrendamientos o adquisiciones de vehículos y en personal para proteger a funcionarios o particulares, forma parte de la rendición de cuentas. Indudablemente que también es saludable que se sepa quiénes pueden ser los que gozan de tales beneficios, puesto que hay casos en los que entidades internacionales dictan medidas cautelares de protección a personas particulares, pero en todo caso saber la realidad no expone a peligros adicionales a nadie.
Pero si un funcionario menor ve que sus jefes principales se niegan a dar información y encuentran siempre subterfugios y razones para ocultar los datos, seguramente que hará lo mismo. Y eso no contribuye a generar un clima distinto en busca de la probidad en el manejo del erario. Por el contrario, los empleados menores que ven a sus jefes hacer piruetas para impedir el acceso a la información, intuyen que por algo quieren ocultar los datos y van a seguir el ejemplo, no sólo de escamotear información, sino de hacer micos y pericos con los recursos del Estado.
Creo, por ejemplo, que si un funcionario como el director de Migración dice que ha enfrentado al crimen organizado y que por ello tiene que contar con tremendas medidas de seguridad, nos tendría que decir qué es lo que está haciendo, porque hablar es relativamente fácil y no se ha visto ninguna acción efectiva que demuestre a las claras la existencia de una política en ese sentido en su despacho.
Si existiera la cultura de rendición de cuentas, los funcionarios vivirían más tranquilos y los ciudadanos más satisfechos.