Como católico, no pienso que uno pueda ejercer sus derechos y deberes ciudadanos sin tomar en cuenta su formación religiosa. En ese sentido, siempre he pensado que elementos cruciales como la justicia social, el respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos, inculcados como parte de esa fe que nos coloca a todos como hijos del mismo Dios y por lo tanto merecedores de un trato justo e igualitario, forman parte de las tendencias que manifiesto a la hora de elegir. Pero también creo que hay en la doctrina aspectos que ameritan un amplio debate y en los que no me siento absolutamente comprometido con las enseñanzas de mi iglesia, como en el tema puntual de la pena de muerte, por ejemplo.
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Pero me parecería totalmente impropio que la jerarquía eclesiástica adoptara una postura para inducir el voto a favor de un determinado candidato y creo que ese tipo de actitudes lo único que generan es antagonismos que del plano político se trasladan al plano religioso, generando tensiones que no debieran existir en la sociedad.
Los guatemaltecos tenemos una larga experiencia en la cuestión, puesto que desde 1982, cuando se produjo el Golpe de Estado contra Lucas García llegaron al poder no sólo Ríos Montt y sus dos compañeros de triunvirato, sino también los pastores evangélicos que junto al dictador oraban cotidianamente y marcaban el rumbo de la administración pública. Luego tuvimos la experiencia de Jorge Serrano, quien fue electo fundamentalmente por su filiación religiosa y porque hubo un voto absolutamente disciplinado de los evangélicos de nuevo cuño que creyeron todo lo que se decía alrededor de una «profecía» para Guatemala que pasaba por el establecimiento de un gobierno «cristiano» (entendido el término en el sentido excluyente que le dan algunos protestantes).
Ambos regímenes fueron un desastre para el país y, curiosamente, los dos gobernantes tuvieron que irse por la puerta de atrás dejando el gobierno que supuestamente habían asumido por mandato divino. Obviamente ya existían contradicciones entre la feligresía católica y la creciente población de los llamados cristianos renacidos, pero nunca la tensión ha sido tan grande como en esas dos ocasiones en las que se utilizó el tema religioso como elemento de banderías políticas.
Por eso pienso que es importante dejar a un lado la estructura religiosa en las labores de proselitismo. Cierto es que las iglesias de cualquier denominación influyen y se interesan justamente por la cosa pública, porque yo al menos no concibo un pastoreo espiritual que no tome en cuenta ni se ocupe de promover el respeto y promoción plena de la dignidad del ser humano. Lo que no se debe hacer, a mi juicio, es comprometer abiertamente a un grupo de curas o pastores para que se vuelvan propagandistas de una facción política, porque con ello se desvirtúa el sentido mismo de la fe. No olvidemos que en tiempos de Serrano hubo una manipulación tan grande que hasta enormes sumas de los confidenciales del Estado (que no eran como decía el Presidente, los confidenciales de Serrano) fueron a parar a manos de algún pastor que hoy en día cobra relieve por sus intereses políticos. Obviamente si una secta se compromete políticamente para movilizar un importante caudal electoral, lo hará a cambio de favores posteriores y el Estado no debe servir para promover hegemonía de ninguna religión, iglesia o secta.