Con gran alharaca, la Registradora General de la Propiedad emprendió una personal campaña en contra de los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil, quienes declararon con lugar un amparo para detener la inscripción anómala de la compraventa de algunos inmuebles. Es cierto que uno de los negocios de moda y con mucho auge es el de falsificar documentos públicos para robarse propiedades inmuebles y que el Registro ha emprendido una saludable campaña para alertar a la población y promover la inmovilización que pretende evitar el fraude que ha dejado a mucha gente en la calle sin siquiera darse cuenta.

Los despojos de propiedad en Guatemala vienen desde tiempos inmemoriales y ha sido norma generalmente aceptada que cuando una comunidad tiene derechos reales sobre algún bien inmueble, los pierde si algún copetudo logra presentar una escritura al Registro de la Propiedad en la que aparece como legítimo propietario de tales bienes. Entre los notarios y expertos en materia catastral se dice que Guatemala tendría que tener el triple de su extensión territorial para dar cabida a los derechos reales inscritos y el relajo existente es de grandes proporciones.
 
 Durante muchos años el Registro General de la Propiedad fue manejado con extrema honorabilidad. Creo que fue en tiempos de Lucas García cuando se perdió el concepto de decencia y empezaron a producirse masivamente esos negocios de simulación e inscripción de compraventas con las que se produjeron silenciosamente enormes despojos. Posteriormente algunos registradores han tratado de rescatar ese pasado decoroso, pero las mañas una vez aprendidas cuesta mucho erradicarlas. Justo es decir que la licenciada Anabela de León ha hecho bastante, posiblemente más que sus antecesores, para combatir el trinquete frenando la operación de compraventas anómalas y fraudulentas en las que participan algunos notarios que dan fe de burdas falsedades.
 
 Pero en el caso de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil a la licenciada Anabela de León se pelaron los cables cuestionando el amparo otorgado con absoluto apego a derecho y sin incurrir en ningún tipo de excesos sino simplemente dictando una medida que pretende impedir una inscripción generadora de derechos reales inexistentes.
 
 Entre los abogados litigantes se tiene un enorme respeto por la Sala Tercera de Apelaciones, presidida por la licenciada María Cristina Fernández García de Pinto e integrada por los de igual título Érick Gustavo Santiago de León y Herbert Valencia Aquino. De pocos profesionales del derecho he escuchado yo criterios tan unánimes respecto a su ética, competencia y absoluta honorabilidad, como de la abogada María Cristina Fernández García de Pinto y por ello sorprende el frontal ataque que le lanzó la Registradora por haber dictado una resolución que le impide al Registro operar una compraventa que presenta vicios de bulto.
 
 En el marco de la lucha que dice estar librando con alma y corazón Anabela de León por acabar con las mafias que han despojado a tanta gente de sus bienes, ella debiera usar el ejemplo de la Sala Tercera para ilustrar con pelos y señales la forma en que se hacen los trinquetes y los mecanismos que tienen los afectados para evitar el despojo.
 
 Puede ser que en el caso de El Estor moleste a algunos porque así como para despojar a los indígenas de sus tierras se recurrió a un acuerdo gubernativo de tiempos de Lisandro Barillas que no aparece por ningún lado, se ha hecho en infinidad de casos para dejar a los verdaderos propietarios de sus tierras que pasan a manos de algún finquero mediante argucias criminales. Y el precedente de la Sala puede ser fatal para los que han realizado despojos similares y de allí el furibundo ataque en contra de los magistrados.