Los Estados presentan serias deficiencias en el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como un derecho y de la juventud como sujetos de derechos, asimismo, se muestran renuentes a que los jóvenes participen en los procesos de rendición de cuentas y aún hay muchos rezagos en la gratuidad de la educación en todos los niveles.
Nayeli Yoval, representante de la Alianza Latinoamericana de Juventud Rumbo a Cairo+20, aseguró que esos cuatro elementos deben ser vistos por los gobiernos de una manera integral para avanzar en el cumplimiento del Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), comúnmente conocida como la Conferencia del Cairo.
La CIPD fue adoptada en 1994 por aproximadamente 200 países, sin embargo es la primera vez que funcionarios de gobiernos y representantes de Estado de América Latina y del Caribe, se reúnen para debatir sobre los avances y los rezagos de esos compromisos.
El evento fue inaugurado en la ciudad de Montevideo el pasado lunes y concluirá el próximo viernes; Yoval participó en el “Panel sobre los derechos y las necesidades de niños, adolescentes y jóvenes” y aseguró que los gobiernos deben generar condiciones que permitan al bono demográfico, ser útil para la humanidad y para lograr una vida digna.
El bono demográfico se refiere a la cantidad de población joven, la más alta que ha tenido la región en la historia de la humanidad; ese bono debe ser aprovechado por los Estados a través de la inversión que permita insertarla en el marco de políticas de desarrollo latinoamericanas, que al mismo tiempo alienten el respeto al ejercicio de sus derechos, expresó Ana Elena Badilla, Asesora Regional en Género y Juventud, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El abordaje del tema de juventud debe ser de forma integrada y debe atender tres factores críticos: el empleo, la educación y la salud, particularmente la sexual y la reproductiva, de lo contrario provocará a largo y a mediano plazo, una población excluida, que continuará repitiendo el círculo de la pobreza, añadió Badilla.
Mariela Castro, Directora de Cenesex, de Cuba, indicó que los gobiernos tienen responsabilidad jurídica y ética, a la hora de diseñar, evaluar y aplicar políticas públicas de adolescencia y juventud, que expresen el riguroso cumplimiento de los derechos humanos universales.
Esas políticas deben caracterizarse por un adecuado tratamiento en materia de género e identidad de género, en el sentido de dignificar diferencias con enfoque ético y de integración social, añadió Castro.
Otro desafío es la educación sexual integral, la que todavía es vista por las sociedades con muchos prejuicios, con temores y basados en la ignorancia; además prevalecen paradigmas de dominación que muchas de las poblaciones están tratando de transformar, concluyó la representante de Cenesex.