La decisión del presidente Pérez Molina de suspender el proceso de reforma constitucional por el terremoto que dañó a miles de familias en el altiplano guatemalteco nos parece correcta porque tenemos que centrarnos en cuestiones urgentes y prácticas. Pero es nuestra opinión que una cosa es la reforma constitucional que se propuso y otra la reforma del Estado que sigue siendo urgente y que se puede y debe concretar por la vía de la legislación ordinaria, especialmente en temas como el combate a la impunidad y a la corrupción que son flagelos que frenan las posibilidades de desarrollo en el país.
La reforma de la Ley de Compras y Contrataciones, la supresión de los fideicomisos y una nueva normativa más eficiente para darle más poder de auditoría a la Contraloría de Cuentas son asuntos que no dependen de una reforma constitucional sino de legislación ordinaria para atacar de manera frontal la corrupción. Es indispensable que se establezcan nuevos modelos de contratación que privilegien la calidad de las obras y sancionen de manera draconiana la sobrevaloración o el uso de materiales de baja calidad. Es indispensable elevar el castigo penal para los corruptos, sean éstos funcionarios públicos o sean empresarios particulares que aprovechan las debilidades institucionales para hacer dinero.
Es urgente atender a las víctimas del terremoto, pero sin esas modificaciones a la estructura del Estado, el dinero que se destine a ese fin irá a parar al bolsillo de personas inescrupulosas que ya en anteriores emergencias se han robado todo lo habido y por haber perjudicando a la población. Funcionarios pícaros que presumen de honradez que se colusionaron con empresarios sinvergüenzas que están acostumbrados a robar al Estado impunemente.
Esas son las dos cuestiones esenciales para emprender la reforma profunda del Estado. Establecer mecanismos eficientes de control y fiscalización, además de sanciones firmes que sean aplicadas severa y draconianamente sin excepciones causadas por la impunidad latente en el país.
El Presidente tiene un compromiso que no implica reformar la Constitución pero sí reformar la institucionalidad democrática del país con iniciativas y presión a los diputados para modificar leyes como la electoral que actualmente alienta la podredumbre por el sistema de financiamiento de las campañas políticas. Estamos convencidos que nuestra cacareada transición a la democracia está viviendo sus postreros momentos porque o damos el paso serio a su consolidación o nos volvemos a hundir en la confrontación social, la ingobernabilidad y el caos. En ese sentido, quien hoy tiene la palabra es el Presidente de la República que no puede dejar a un lado la reforma del Estado por la vía de la legislación ordinaria.
Minutero
La reforma del Estado
es de urgencia absoluta
y con mano resoluta
hay que hallarle bien el lado