La crisis institucional en Guatemala, donde el colapso se nota en todos lados y el Estado ha perdido la capacidad de cumplir sus fines esenciales, obliga a pensar que hace falta una reforma profunda del sistema para empezar un proceso de reingeniería que nos permita la construcción de un nuevo orden social. No es simplemente que los poderes ocultos se adueñaron de la institucionalidad hasta para nombrar a sus representantes al frente de poderes del Estado, sino de una aguda crisis de gobernabilidad que al final está costando vidas porque no tenemos capacidad de contener el crimen y la violencia.
Sin embargo, resulta que toda reforma constitucional en el marco de la Ley pasa por los mismos partidos políticos que son responsables del juego y que han propiciado la debilidad institucional para permitir que el crimen organizado haga de las suyas. Si se procede a la reforma de conformidad con lo que manda la Constitución, es el Congreso el llamado a realizarla y ya sabemos que de nuestro Organismo Legislativo sólo cabe esperar adefesios peores de los que ya tenemos. Si vamos a una Constituyente para reformar lo que tiene que ver con garantías individuales, como sería el caso para permitir cateos y detenciones en horas inhábiles, los que pueden postular candidatos a una Asamblea de ese tipo son, justamente, los mismos partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República. Por ello es que existe tanta preocupación ante la evidente necesidad de una reforma, porque al fin y al cabo está demostrado que sí podemos estar peor aún de lo que ya estamos y encomendando a los políticos el cambio, seguramente que se preocuparán únicamente de apuntalar sus posiciones, pasándose por el arco del triunfo las aspiraciones y necesidades populares que no forman parte de la agenda de nuestras organizaciones políticas. El problema es que el modelo está agotado y no da para más; los únicos que no se han dado cuenta son los políticos que se salpican con las migajas que les dejan los poderes reales que operan en la oscuridad y que en realidad son los grandes actores del drama de nuestro país. No funciona la justicia, no funciona la seguridad ciudadana, no funciona la salud pública y adulteran datos para presentar cifras positivas, no funciona eficientemente la educación, ni se reparten los fertilizantes ni se implementa una política de desarrollo rural. Hay crisis por la falta de vivienda y de servicios públicos, el desarrollo humano sigue siendo esquivo para la mayoría de guatemaltecos y la política electoral consume todos los esfuerzos y a eso se orientan todos los recursos. La reforma es impostergable, pero dejar que la hagan los mismos es ponernos la soga al cuello.