Los guatemaltecos, pues, debemos hacer un esfuerzo por financiar el paí­s que queremos. El Impuesto íšnico y Extraordinario de Reconstrucción deberí­a ser tomado con responsabilidad. Sin embargo, el Gobierno deberí­a evaluar los montos por pagar, ya que, según se está planteando, el impuesto no será equitativo y, como todos los impuestos en el paí­s, las clases medias y bajas terminarí­an pagando un porcentaje mayor a los de mayor poder adquisitivo, cuando deberí­a imponerse un porcentaje único, que según la propuesta, estarí­a rondando entre el 7 y 9 por ciento.

Sin embargo, desde ya es evidente el rechazo por anticipado de este impuesto, lo cual era, hasta cierto punto, previsible.

El Gobierno organizó (y muy mal organizado, por cierto) la conferencia de cooperantes internacionales, a quienes se les presentó el proyecto de Reconstrucción. Tras el fracaso de la conferencia (porque apenas se alcanzó la tercera parte de la meta), sale el Gobierno con el impuesto para que el pueblo financie estos proyectos. Pero a nosotros, el pueblo, no se nos han revelado cuáles son los planes para reconstruir el paí­s.

El crudo invierno, las tormentas tropicales, los derrumbes, la erupción del Pacaya, dejaron ví­ctimas mortales que todos debemos lamentar. Pero viendo más allá del dolor, la tragedia deberí­a ser una oportunidad para repensar este paí­s que está a punto del fracaso rotundo, lo cual se hace evidente por la pérdida de la soberaní­a ante el narco, la hambruna, la violencia, el caos, la falta de seguridad y certeza jurí­dica, la impunidad, la cleptocracia y un largí­simo etcétera de vicios sociales que nos aquejan.

Estoy seguro que usted, su prójimo y yo, tenemos algunas ideas de un mejor paí­s. Tenemos propuestas para la Reconstrucción. Sin embargo, el Gobierno -cuyos funcionarios llegaron gracias a un sistema de democracia «representativa»- ha dejado de ser la voz del pueblo. Lejos de escuchar propuestas, estiran la mano para pedir más impuestos para un proyecto de Reconstrucción del cual no conocemos nada.

En otras palabras, el Gobierno dejó de ser el representante del pueblo (como serí­a el ideal democrático), y, en vez de ello, se constituye en un jinete que quiere cabalgar con el caballo vendado. Los funcionarios no deben olvidar que el pueblo es el soberano y que el Gobierno sólo es el administrador de la cosa pública, y es impensable que se quiera pedir más impuestos para financiar algo que ni siquiera conocemos y que ni siquiera hemos dicho si se acerca a la Reconstrucción que queremos.

Es como que si usted contratase a un albañil para construir su casa, y le haya pagado por adelantado, y él, además, haya comprado materiales de mala calidad con tal de robarse el saldo de lo ahorrado, y, tras tres años de estar construyendo la vivienda, éste le diga: «Arruiné la casa, necesito más dinero para hacer otra casa, pero no tengo los planos y si los tuviera no se los voy a enseñar».

El Gobierno recalca en la necesidad de un Pacto Fiscal, el cual es sumamente necesario, porque la población debe empezar a financiar el Estado que todos queremos, y que encomendamos a nuestros funcionarios únicamente para que administre y no para que decida algo que no queremos. Sin embargo, dentro del Pacto Fiscal también es importantí­simo que los funcionarios asuman compromisos de transparencia, corrupción cero, combatir la evasión y el contrabando, y optimizar los recursos (financieros, humanos y materiales). Pero los actuales funcionarios han incumplido en estas condiciones y en ello radica esa resistencia actual en querer pagar este Impuesto de Reconstrucción.