Decía un estimado profesor, quien actualmente es funcionario académico de una prestigiosa universidad privada del medio, que la nuestra es una economía dopada. Tal afirmación se hacía en la década de los ochenta, cuando se recurría principalmente al financiamiento externo y a la deuda barata del Banco de Guatemala para acometer los principales proyectos de infraestructura con que cuenta el país: Chixoy, el Puerto del Pacífico, el Hospital San Juan de Dios y varias carreteras. Como «dopaje» se etiquetaba al endeudamiento que desde tales años ha venido sustituyendo desde hace mucho al esfuerzo tributario interno.
Dicha práctica se puso en boga en la denominada «Década Perdida» para mantener la estabilidad del tipo de cambio, y en años recientes para subsidiar las travesuras de algunos banqueros como lo fue el caso de Bancafé cuya operación de salvataje afectó negativamente las cuentas de un fondo de garantía bancaria que se nutrió con apoyo de un banco multilateral.
Lo que quiero subrayar a los lectores es que durante todos estos años de democracia formal tales procesos de dopaje terminan recayendo en soluciones fiscales, siendo que son las finanzas públicas las que deben pagar los excesos, ya sean cambiarios, de travesuras bancarias, de lanzamiento de megaproyectos de infraestructura, o simplemente, como hoy ocurre, de sostener un presupuesto para el año 2011 con incontables necesidades de gasto, muchas de las cuales vienen de los compromisos constitucionales y del mantenimiento a sus anchas de un montón de entes autónomos y de fondos sociales.
Es por ello que paso a comentar, para poner las barbas en remojo, el Dictamen CT-6/95 del Banco de Guatemala, publicado el 4 de diciembre de 1995 bajo el título «Orígenes del problema monetario estructural y sus soluciones». El Dictamen advierte los excesos de déficit fiscal y de pérdidas del Banco de Guatemala, que a lo largo de finales de los gobiernos militares y finales del gobierno de Vinicio Cerezo, acusaron graves problemas inflacionarios y desequilibrios externos.
Los tecnócratas de ese momento imponen la férrea ejecución de un proceso de ajuste de la economía y el reforzamiento del patrimonio del Banco de Guatemala y advierten que la solución a los problemas únicamente puede buscarse por la vía fiscal y no por la monetaria. Su poder fue tal que ello condujo a la eliminación de toda forma de financiamiento de la banca central al gobierno y a un esfuerzo de ajuste serio en el gasto en ese entonces. Todo ello sirvió además de marco de inspiración para introducir el gran candado que constitucionaliza la prohibición de financiamiento del Banco de Guatemala al gobierno.
Valga el presente artículo para advertir que se deben aplicar medidas preventivas y no esperar a que el paciente llegue a la emergencia y al intensivo por sobredosis. Es vital un ajuste fiscal, tema éste que he sostenido desde hace ya algún tiempo. Resulta el presente ser un momento en que la dicotomía de las reglas versus la discrecionalidad debe darse por las primeras, en detrimento de los incrementos caprichosos del gasto. Es mejor prevenir que lamentar, y es también saludable ver sólo hacia el entorno europeo y el muro de los lamentos que hoy se oye desde Portugal hasta Irlanda, en donde la presencia de los curanderos económicos está prescribiendo recetas dolorosas de reducción del Estado del Bienestar.