El Presidente de los Estados Unidos ha manifestado recientemente que los norteamericanos, tanto en lo individual como en lo empresarial, ya no tendrán paraí­sos fiscales y más aún, que se revisarán todas las normas impositivas para evitar que las utilidades que obtienen mediante intereses o inversiones del capital en el exterior, no paguen impuestos en los Estados Unidos.

 

Si el paí­s que representa la mayor economí­a del mundo está públicamente señalando cuál es el camino a seguir, porqué Guatemala no crea gravámenes directos como es el pago de impuestos sobre utilidades obtenidas en nuestro paí­s; es decir, por el pago o acreditación a cuenta de las sociedades anónimas con tí­tulos nominativos o al portador, propiedad de un reducidí­simo grupo de guatemaltecos que viven de sus rentas sin preocuparse y sin trabajar. Ese impuesto, como lo he señalado en anteriores oportunidades, rendirí­a mayores ingresos que el IVA que pagan todos los consumidores y del cual parte le llega al fisco y parte se lo apropian ciertos malos guatemaltecos.

 

Pensemos si un grupo empresarial familiar puede crear e invertir en toda Centroamérica, Estados Unidos, Europa y hasta en la China, ¿por qué no puede pagar impuestos en el paí­s donde se origina toda su fortuna, todo su capital? Del mismo cuero salen las correas, todas esas multimillonarias inversiones se originan en la rentabilidad declarada o no que han obtenido durante generaciones, durante años en Guatemala; su capital es tan guatemalteco como su producto.

 

El pagar impuestos de toda esa rentabilidad no es un acto negativo, por el contrario, es un acto de justicia que les permitirí­a reducir directa e indirectamente la inseguridad, la falta de educación, la salud, hasta podrí­an decir que están combatiendo la gripe aviar, porcina o humana, hecho que todo el mundo les elogiarí­a.

 

La SAT debe eficientar la recaudación. ¿Cuántos bienes o productos se venden en los mercados de la capital?, ¿Un millón, diez millones o 20 millones diarios? Nadie lo sabe. Lo que sí­ sabemos es que la mayorí­a de los productos ingresan por camionadas y trailadas todos los dí­as, esos ingresos no son ventas finales, ningún camión ingresa con menos de Q50 mil de productos. De la misma manera que el gobierno dice que las operaciones en efectivo deben ser controladas para conocer el origen, la legalidad y el pago de los impuestos, la SAT deberí­a tener una inspectorí­a, una delegación en todos los mercados para controlar el ingreso de productos, que los mismos lleven su factura por duplicado o triplicado para que cada camión que ingrese cargado lo haga demostrando que el producto es una operación al por mayor, paga sus impuestos, es legal como se cancela y no producto de una doble contabilidad.

 

El directorio de la SAT y el Ministerio de Finanzas saben que si no se recauda, si no se transparenta el pago de impuestos, lo que perdure de este gobierno será un ví­a crucis que le heredará al próximo gobierno un calvario y un sufrimiento mayor que el que han tenido todos los gobiernos democráticos.