El IVA, principal medio de recaudación en el paí­s, ve declinar su cuantí­a al reducirse las importaciones, a su vez esto se traduce en una reducción del IVA doméstico como consecuencia que el consumo de bienes y servicios es menor internamente.

 

El pequeño, el mediano empresario que vive y depende predominantemente de las transacciones internas, importa menos, reduce su inventario como consecuencia de la bajada de la demanda. Son muy pocos los exportadores de productos tradicionales y aunque ellos no vean reducidos sus ingresos y utilidades, como masa de consumo en el espectro nacional, son un bají­simo número; por consiguiente, no impactan, ni trascienden en la recaudación de impuestos.

 

El Gobierno está ante la triple disyuntiva: a) bajar el gasto público; es decir, ajustarse el cinturón a manera que la recaudación decrezca; b) sustituir recaudación por endeudamiento interno o externo, lo cual obviamente implica pagar intereses y comprometer la baja recaudación que existe en nuestro paí­s hacia el futuro; y c) les guste o no les guste a todos, cambiar el origen de la carga tributaria; es decir, depender más de impuestos directos que de impuestos indirectos.

 

En qué le beneficia al 90% de la población que los precios internacionales de nuestros productos de exportación puedan subir si la distribución de estos ingresos está concentrada y no va a repercutir en la mayorí­a, ni en los impuestos a recaudar. Ese cí­rculo vicioso es la historia desde la época colonial.

 

En un Congreso fraccionado, en un Ejecutivo que pretende quedar bien con todos, en una burocracia estática, no hay solución solo hay descontrol. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que comprender que hay medidas fundamentales que tomar para cambiar la situación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado.

 

Es urgente una exoneración que le permita al ciudadano, al pequeño y mediano empresario pagar los impuestos que por diferentes razones dejó de tributar. Ello implica emitir una disposición exonerando de intereses, multas y recargos a quien pague en un plazo máximo de seis meses todos los impuestos que se encuentre pendientes de cancelar.

 

La exoneración posibilitará recuperar, durante un breve lapso de tiempo, los ingresos pendientes de percibir, de lo contrario la recaudación tributaria no mejorará y aunque el Estado, a través de la SAT, contratara a la mitad de los abogados del paí­s, lo que no se va en lágrimas se irá en honorarios, pues independientemente de quienes sean los contratados, siempre tendrán que pagarles y estimularles.  Por supuesto que los contribuyentes demandados utilizarán los recursos que legalmente tienen a su alcance para demorar y en muchos casos impedir se les cobre los impuestos y los enormes intereses y multas; así­ como honorarios que el Estado pretende obtener. En otras palabras, un acuerdo legislativo de amnistí­a, de exoneración del pago de intereses, multas y recargos es una buena transacción que le permite a ambas partes salir beneficiadas.

Continuará