Ayer publicamos la reacción del Organismo Judicial ante el informe del primer año de labores presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y en la misma el licenciado Luis Fernández Molina manifestó el malestar por las críticas que fueron formuladas a la administración de justicia.
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Para centrar la discusión vale la pena reseñar lo que dice el informe de la CICIG, puesto que así podremos sacar conclusiones más objetivas. En la parte medular, ese documento dice: «de un atento análisis de las sentencias condenatorias se aprecia que los niveles de eficacia del sistema de justicia son inaceptables. Si bien es cierto que el MP y la PNC tienen una responsabilidad fundamental en la investigación y persecución penal, los jueces son los responsables en última instancia de que esta investigación se realice en forma eficaz y en respeto al debido proceso, para que ésta finalice en una resolución condenatoria cuando así corresponde. Esta es la responsabilidad de la Judicatura en un estado de derecho.»
La verdad es que el planteamiento contenido en el informe, en lo que se relaciona con el papel de los jueces, es concreto y tiene que tomarse en cuenta con criterio positivo. Por supuesto que a nadie le gusta que hablen mal de su rancho, pero no hay un guatemalteco que no reconozca que estamos en una seria crisis del sistema de justicia cabalmente porque hay una especie de contubernio de los distintos operadores para impedir que se pueda aplicar correctamente la ley a los responsables de la comisión de delitos.
En el punto concreto de la crítica crucial que hace la CICIG al Organismo Judicial poco dijo el magistrado Fernández Molina, no obstante que el documento es muy claro con relación a que los jueces también tienen un papel importante dentro del debido proceso para orientar y dirigir el proceso de investigación que, efectivamente, es competencia del Ministerio Público más que de la Policía Nacional Civil, pero que de todos modos no puede realizarse de manera totalmente independiente y sin que los juzgadores puedan dirigir el proceso de manera adecuada para garantizar la sustentación de los casos dentro de lo que establece el debido proceso.
La CICIG es, obviamente, un trago amargo para muchos que la tuvieron que aceptar como una especie de mal necesario y ahora, cuando se cumple el primero año de sus funciones, aprovechan para destacar la crítica. Llama la atención, por ejemplo, el papel de los diputados eferregistas que parecieran ser abanderados en la postura contra la Comisión, acaso porque ahora ya se sienten más seguros al ver que sus temores sobre posibles investigaciones que involucraran a su líder no han sido el centro de la atención de la CICIG.
Es obvio y está fuera de toda duda que en Guatemala vivimos un régimen de absoluta impunidad y que hay que luchar contra ese flagelo. Es obvio, y no necesita comprobación, que localmente no hemos hecho nada para corregir el problema y que nuestras instituciones se han acomodado. También es evidente que los cambios operados este año, al menos en el MP, son resultado del trabajo de la Comisión y eso basta y sobra para entender que ya se están dando los primeros pasos en la dirección correcta.