Desde la redacción
La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y su director, el jurista español Carlos Castresana, son la última esperanza de los guatemaltecos de que se esclarezca el crimen del abogado Rodrigo Rosenberg, quien culpó de su segura muerte al presidente ílvaro Colom.
Castresana «es el único que tiene credibilidad en este momento», asegura una fuente consultada que pidió el anonimato, para tratar de dilucidar las acusaciones de Rosenberg.
El abogado asesinado el domingo acusaba en un video grabado unos días antes de su muerte, el pasado domingo en la capital guatemalteca, al presidente, a su esposa, Sandra Torres, al secretario privado de aquél, Gustavo Alejos, y a otros empresarios de su eventual homicidio.
Pero esta fuente advierte de que Castresana y el FBI estadounidense, que ha enviado refuerzos, pueden realizar la investigación, pero dependen de la Fiscalía General guatemalteca para hacer cualquier acusación.
«La CICIG no tiene capacidad de actuación propia» y «todas las actuaciones tienen que hacerse a través de la Fiscalía y la acción legal la tienen las autoridades locales», explicó.
La CICIG, apoyada por Naciones Unidas, empezó a trabajar en septiembre de 2007 para tratar de fortalecer el sistema judicial guatemalteco que deja en la impunidad el 98% de los delitos y crímenes.
Desde entonces, se ha hecho cargo de investigaciones de casos de enorme calado, como el asesinato de tres diputados salvadoreños y su chofer, en febrero de ese año.
O el del ex fiscal para delitos contra la vida, ílvaro Matus, por obstruir a la justicia y destruir pruebas en la investigación del asesinato del venezolano Víctor Rivera, un asesor de la cartera del Interior.
Pero es el caso Rosenberg, el que podría suponer un antes y un después en la convulsa historia del país centroamericano que en 1996 selló la paz tras 36 años de guerra civil.
«La CICIG está apostando todo. Tiene una presión muy grande, no sólo nacional, sino internacional para obtener resultados» en la investigación de las acusaciones de Rosenberg, que era abogado defensor del empresario Khalil Musa y de su hija Marjorie, asesinados en abril, dijo Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana.
Sobre todo, porque el «sistema nacional de justicia, que es el que juzga, está absolutamente podrido en toda su extensión», aseguró Pedro Trujillo, director de la Escuela de Relaciones Exteriores de la Universidad Francisco Marroquín.
«Es una prueba de fuego para la CICIG de la que no sé cómo va a salir», sostuvo, antes de preguntarse: ¿cómo el fiscal va a juzgar a la esposa del presidente (que no tiene inmunidad) mientras Colom siga en la presidencia?
A aquellos que piden su renuncia, aunque sea temporal mientras se investiga el crimen, Colom ha dejado claro que «sólo muerto» saldrá de la Casa Presidencial.
El propio Castresana pidió a Colom esta semana que se «aparte» del proceso abierto y «se garantice una investigación que no esté sometida a presiones ni a recomendaciones de clase alguna», poco después de que el fiscal general, Amílcar Velásquez Zárate, se reuniera en la residencia privada de Colom.
La CICIG funciona con aportes financieros y logísticos de la comunidad internacional, entre ellos Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza.
Por Redacción AFP