Mientras unos pocos tienen abiertas las puertas de la Casa Presidencial para dialogar, cuentan con representación parlamentaria y una voz resonante en la sociedad, otros, las mayorías -campesinos e indígenas, principalmente- tienen limitadas la posibilidades para hacerse escuchar y por eso optan por manifestar utilizando las calles y buscando a los medios de comunicación como cajas de resonancia para expresar su inconformidad.

La pobreza, la violencia desmedida, la corrupción generalizada, el tráfico de influencias, los abusos de grupos poderosos y la impunidad en todo tipo de delitos forman una larga lista de problemas que aquejan a amplios sectores de la sociedad guatemalteca desde mucho tiempo atrás. Pero las autoridades y los gobiernos no siempre han cumplido con la obligación de defender los intereses de las mayorías.

Ese escenario, enmarcado por la indiferencia histórica de las autoridades a las demandas sociales, ha provocado que grupos organizados utilicen la protesta como una manera para expresar sus demandas, muchas veces con medidas de hecho, como la toma de carreteras, mientras que otra parte de la población permanece impasible ante la realidad nacional y otros utilizan su influencia para resolver solo sus problemas particulares.

De acuerdo con la publicación “Vamos a portarnos mal” -Protesta Social y Libertad de Expresión en América Latina-, de la Fundación Friedrich Ebert, el escenario de las protestas sociales en Guatemala tiene diferentes marcas; una de ellas es que las poblaciones rurales cada día son más visibles “por la lucha que sostienen en la defensa de su territorio, de su patrimonio cultural y de su derecho a la libre determinación” y otra es porque el territorio de las comunidades mayas es “cada vez más deseado para su explotación por empresas nacionales y transnacionales”.

La politóloga Jeraldine del Cid considera que los temas relacionados al territorio están en la arena de las protestas sociales desde hace muchos años. “Cuando hablamos de territorio y temas relacionados nos referimos a más de un problema, entre estos la petición de tierra que ha sido una de las demandas tradicionales de Guatemala”, señala.

La académica también destaca que otros grupos de inconformes están emergiendo al escenario social, derivado del surgimiento de nuevos focos de conflictividad; por ejemplo, las últimas manifestaciones de estudiantes obedecen al rechazo a las reformas a la carrera del magisterio que impulsa el Gobierno.

Clara Arenas, de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (Avancso), coincide que en el país las protestas campesinas e indígenas han sido una constante, aunque no son los únicos que han manifestado en la historia nacional, y advierte que los estudiantes normalistas también se han involucrado en la actividad política con protestas en décadas anteriores, en rechazo.

Para la directora de Avancso, antes de llegar a tomar medidas de hecho, como los bloqueos, las comunidades y grupos inconformes sí han demostrado intenciones de dialogar para resolver conflictos, como lo demuestran las consultas comunitarias que se han llevado a cabo en todo el país, o en las mesas de diálogo propuestas por los estudiantes.

“Yo creo que las manifestaciones, los bloqueos y tomas de carreteras son un grito que busca el diálogo; habrá quien diga que no es así, pero antes de las medidas de hecho hubo gestiones innumerables para conseguir una respuesta”, dice Arenas.

¿Qué hace el Estado y la sociedad guatemalteca con estas consultas? “Las ignora, estoy convencida de que esa falta de respuesta y de disposición real al diálogo es lo que produce conflictividad”, se responde la académica.

LA CLAVE
Para Domingo Hernández, de la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej y cofundador del Comité de Unidad Campesina (CUC), el protagonismo que han tenido estos sectores en los últimos años se debe a que existe una mayor cohesión social en la población indígena y campesina que facilita estos procesos de organización y manifestación.

“Estos pueblos se sienten marginados de una manera colectiva por el sistema y por otro lado el racismo y la discriminación que viven está generalizada; estos factores unifican la identidad que tienen”, señala Hernández.

El activista indica que estos pueblos también se sienten amenazados por los proyectos de minería e hidroeléctricas; en las comunidades indígenas también existe una organización comunitaria propia que los hace articularse, agrega.

Un ejemplo muy concreto es la organización de los 48 cantones de Totonicapán que datan de más de 400 años y son más antiguos que el propio concepto del Estado guatemalteco; esta unidad les ha permitido a los pueblos indígenas recuperarse de la represión sufrida en el conflicto armado y se despunta nuevamente un liderazgo, explica Hernández.
En oposición a la organización comunitaria y el liderazgo que se vive en las comunidades rurales, el dirigente considera que el área urbana aún no se ha recuperado del descabezamiento de sus líderes durante la guerra interna y las organizaciones están desarticuladas, por lo que sus voces de protesta son mucho menos escuchadas.

MENOS PROTESTA URBANA
Sobre las protestas sociales a nivel nacional, Néstor López investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, (CIEN), opina que se puede identificar la recurrencia de las manifestaciones por su ubicación regional.

En el área urbana es donde menos protestas sociales ocurren, en comparación al occidente; solo cuando los temas son de afectación nacional hay una unidad en las protestas, como en el caso de los normalistas, indica López.

De acuerdo con el investigador del CIEN, hay ciertas características del ciudadano urbano que pueden explicar el hecho de que no se involucre en este tipo de actividades; el costo de la vida en la Ciudad es más caro lo que significa que las personas trabajan un poco más y se dedican a la producción, independientemente de si es en el mercado laboral formal o informal.

“El hecho de protestar nos origina pérdida de tiempo y una baja en los ingresos; podemos argumentar que nos interesa más el trabajo y no es que no nos interesen temas de la realidad nacional; de alguna manera ir a protestar significa dejar de producir y no podemos hacer eso porque los ingresos que tenemos no son los mejores”, dice el entrevistado.

Sobre las protestas que se dan en el interior del país, López señala: “Me atrevería a decir que hay instituciones que sistemáticamente han hecho este tipo de movimientos para sacar a luz pública debilidades institucionales que, considero, tienden a polarizar a la sociedad en general”.

Para el abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos, el guatemalteco ha perdido valentía y se ha acomodado a muchas situaciones de las que debería indignarse; “yo considero que los valores y principios de una sociedad son los que hacen grande a un país y el principal de todos es el respeto a la ley, que se ha perdido totalmente”, indica.

Por su parte, Del Cid considera que el ciudadano de la capital sí se moviliza cuando una situación le afecta particularmente y ejemplifica el Caso Rosenberg, cuando cientos de capitalinos, entre ellos muchos jóvenes, realizaron plantones y marchas exigiendo la renuncia del entonces presidente Álvaro Colom.

SIN AFECTAR DERECHOS
Una de las críticas permanentes hacia las protestas y sus actores, sobre todo de la población urbana, es que en numerosas ocasiones los que protestan interfieren con la “libre locomoción” de otros ciudadanos, tanto como si las manifestaciones son dentro de la Ciudad como en las principales rutas del país.

López señala que condenan los hechos ocurridos en la Carretera Interamericana el pasado 4 de octubre y exigen una investigación al respecto, pero por otro lado también se debe determinar el sentir de las protestas sociales.

Existe una cultura del bloqueo que evidencia que no hay una capacidad del gobierno para responder de manera pronta y efectiva a este tipo de demandas y de prevención al surgimiento de la conflictividad; “también existe impunidad, ya que los que protestan saben que solo de esa manera pueden presionar ya que no ocurre nada y, por último, creo que hay una manipulación, ya que se registran algunos patrones cada año, como es el caso del sistema educativo”, anotó el investigador.

Existe un malestar de la gente que se dedica a trabajar y quiere producir, respecto a estas situaciones, pues todo debe enmarcarse en el respeto ciudadano, sin embargo, hay un creciente descontrol con este tipo de acciones, agrega.

Por su parte Molina Mencos considera que todos tienen el derecho absoluto de protesta, pero no se puede limitar los derechos de otros; según el abogado constitucionalista, la manifestación pacífica y autorizada no representa ningún problema siempre y cuando no se afecten los derechos de los demás; otra alternativa para resolver la conflictividad, señala, podría ser el camino judicial.

En el caso de los sectores de Totonicapán, al ser ellos víctimas de una SUPUESTA estafa por el cobro de la energía eléctrica que no habían recibido, lo que debieron hacer es accionar por la vía legal de estafa, agotar esa vía y buscar otra alternativa, indica Molina.

Por su parte Del Cid considera que hay que tener en cuenta que en Guatemala la protesta es un derecho, siempre que sea pacífica y no afecte el bienestar de los demás, pero también hay que considerar que estas poblaciones han expresado sus demandas por diferentes vías y desafortunadamente es hasta que se toman este tipo de medidas que se les presta atención.

Es importante que las autoridades tomen en cuenta el conflicto cuando se originan y no permitir que se lleguen a extremos como la toma de carreteras, indicó la académica.

Sobre las descalificaciones de las protestas y de quienes participan en estas actividades, que es evidente sobre todo en las redes sociales y páginas digitales de los medios escritos, Arenas de Avancso considera que existe un desconocimiento de la historia del país y racismo de los guatemaltecos.

La identidad de la mayoría de guatemaltecos no se relaciona con la historia del país sino más bien con cuestiones simbólicas como la bandera y la monja blanca, por mencionar algunos ejemplos, señala.

También está el racismo; cuando lo indígena, lo rural y lo campesino se junta se le ve como un problema ajeno de personas que no son iguales a “la gente blanca y desarrollada”, según ese pensamiento, agrega.

De acuerdo con Arenas se ha ido construyendo una sociedad racista que tiene una imagen de indígenas revoltosos y punto; entonces todos los discursos del diálogo y de la democracia para ellos resultan superficiales, indicó.