Desde el principio hemos creído en la necesidad de ayuda internacional para enfrentar el serio problema de la impunidad, reconociendo que lamentablemente es una tarea que solos no podemos concretar dada la magnitud de la penetración del crimen organizado en nuestras instituciones. Por ello, el decreto legislativo que prorroga el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala nos provoca satisfacción porque hemos visto el inicio del esfuerzo que hace la CICIG y su comisionado, el doctor Carlos Castresana, por apoyar a los guatemaltecos que, finalmente, parecemos decididos a participar junto a los extranjeros en la construcción de un nuevo régimen de legalidad.
Siempre será polémica la participación de extranjeros en cuestiones que, en teoría, tienen que ver con el ejercicio de la soberanía, pero hemos dicho siempre que el carácter soberano de un Estado se manifiesta, entre otras cosas, en su capacidad para aplicar la ley en todo el territorio de la Nación, situación que evidentemente no se da en Guatemala porque a causa de los compromisos que hay entre operadores de justicia con miembros de distintas formas de crimen organizado, no es posible superar el problema de la impunidad.
El punto medular ahora es que la sociedad guatemalteca debe no sólo acompañar el esfuerzo de la CICIG, sino que asumir el compromiso porque el mandato de la Comisión es temporal y, tarde o temprano, deberá marcharse y para cuando eso ocurra tenemos que disponer de los instrumentos propios para que la lucha no caiga en saco roto y que, finalizado el mandato, volvamos a quedar en menos de los mismos fiscales, de los mismos policías y los mismos jueces que han entregado la soberanía del país al control de los grupos criminales.
Grupos que se beneficiaron de la existencia de la estructura de impunidad creada durante el conflicto armado interno, cuando los agentes del Estado controlaron fiscalías, tribunales y medios de investigación, a efecto de asegurarse inmunidad en la lucha contra la guerrilla. Inmunidad que se tradujo en la más absoluta impunidad y que, tras la firma de la paz, se puso al servicio de aquellos que pasaron de ser agentes del Estado a ser los dirigentes del crimen organizado dedicado a la corrupción, el contrabando, al robo de carros, secuestros y del sicariato.
Por todo ello es que la lucha no la pueden realizar únicamente las fuerzas sociales guatemaltecas, porque el enemigo es demasiado grande y la penetración prácticamente absoluta como se ha visto en casos como el del asesinato de Víctor Rivera y su posterior encubrimiento institucional. Desenmascarar a los agentes del crimen instalados en la institucionalidad es la gran ayuda que ya percibimos de CICIG.