Sostenemos que el Presidente de la República tiene que continuar con el ritmo de sus actividades como Primer Mandatario de la Nación y que la convocatoria a elecciones le impide hacer propaganda a favor de algún candidato, pero de ninguna manera se le veda la función de supervisar obras o inaugurar las terminadas. El poder del Presidente se va diluyendo por estos dí­as y sólo faltaba que ni siquiera pudiera tener contacto con la población para darle la puntilla y hacer inútil su administración en lo que queda de gestión.

Sin embargo, por actitudes torpes como las que estamos viendo es que se tienen que adoptar medidas enérgicas. Es inaudito y totalmente inaceptable que el presidente í“scar Berger lleve a sus actividades públicas como acompañantes a personas que fueron funcionarios de su gobierno y ahora son candidatos del partido oficial para el Congreso u otros puestos de elección popular. Precisamente por esos abusos es que se tienen que establecer controles y se termina exigiendo el cese definitivo de cualquier aparición pública del mandatario, puesto que evidentemente no quieren entender (en este caso es obvio que no es que no puedan entender) el sentido de la ley.

En pocas palabras, le quieren ver la cara de babosos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral al andar carroceando por todos lados a Eduardo Castillo y a los candidatos a diputados distritales. Y lo peor de todo es que nos quieren ver la cara de mulas a todos los guatemaltecos con un gesto que es evidentemente abusivo y de mucha arrogancia, al despreciar el sentido mismo de la ley.

El presidente de la República está de manera obvia e insolente violando la Constitución que él mismo juró defender. Y recordando que cuando hizo el juramento agregó que si no cumpliera e hiciera cumplir la ley, el pueblo se lo demande, hoy no como representantes, porque no lo somos, pero sí­ como parte de ese pueblo, le demandamos que entienda el precepto constitucional y lo ponga en práctica. No puede ser que se violente el Estado de Derecho de esa forma sin que nadie diga ni haga nada.

Así­ como buscaron ellos a dos abogadas para que les hicieran el servicio de impugnar la prohibición para hacer propaganda, pueden aparecer algunos ciudadanos iniciando proceso penal contra el Presidente por violación de la Constitución de la República. Y la presencia de candidatos del partido oficial en todos los actos públicos en los que participa el Presidente en su calidad de Primer Mandatario de la Nación, convierte en flagrante el delito. Obviamente el Ministerio Público no moverí­a un dedo, pero la ilegalidad está manifiesta y por lo menos el delito de violación de la Constitución, el mismo que se le endilgó a Gustavo Espina, podrí­a plantearse en este caso concreto que, repetimos, es una verdadera muestra de abuso, arrogancia y prepotencia.