El hecho que la violencia haya sido la base sobre la que se construyó la sociedad guatemalteca todavía nos cobra la factura. Acá estamos, cada día, ocupándonos de un tema cuyo origen más inmediato lo encontramos a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando los militares tomaron las riendas del país para garantizar que la economía y la política estuvieran acorde a las necesidades de los intereses mezquinos de la oligarquía y del capital extranjero.
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Aquí nos encontramos, luego de 250 mil muertos, 50 mil desaparecidos y alrededor de un millón de desplazados lamentando un nuevo hecho de violencia que enluta a la sociedad en general, y a la lucha por la generación de conocimiento social y de respeto a los derechos humanos en particular: el pasado 8 de diciembre apareció el cuerpo sin vida de Emilia Quan. Un día antes había sido secuestrada junto con el piloto del vehículo en el que se dirigía de Huehuetenango a Todos Santos para entregar material del Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), donde trabajaba como investigadora.
El asesinato de Emilia, además de sorprender y entristecer a las personas que la conocimos, significa un revés en la lucha por el ejercicio de la investigación social que aporta propuestas de cambio para nuestra sociedad. Durante sus años laborales, egresada como Socióloga, por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Emilia se dedicó a la investigación y al análisis de las estructuras que han hecho de Guatemala un país desigual, racista y excluyente. En varios de los comunicados de organizaciones sociales y de centros de investigación que lamentan y denuncian la muerte de Emilia, se refieren a su compromiso y dedicación a su trabajo.
Ahora, que nos encontramos a casi 14 años de la firma de la paz, es evidente que la mentalidad de represión contra las personas que están dispuestas a cuestionar y aportar información sobre las múltiples realidades a las que se enfrenta la población guatemalteca, ha cambiado poco. El Estado, al igual que en otros ámbitos contemplados en la agenda de los Acuerdos de Paz como la estructura fiscal, la tenencia de la tierra, la participación de las mujeres y de los pueblos indígenas, y el fortalecimiento del poder civil, se ha mostrado incapaz de asegurarnos la vida, la paz y la seguridad.
El asesinato de Emilia es una muestra de esta situación. Su caso se une a los cientos de personas que han sido asesinadas por motivos que van más allá de la violencia común; que un grupo de hombres fuertemente armados la haya secuestrado dejando libre al piloto que la acompañaba, es una muestra que el móvil no es un intento de robo. Los cuerpos de las personas, especialmente el de las mujeres, ha servido a estos represores como hojas de papel en donde se pueden escribir mensajes, la mayoría, destinados a sembrar el pánico entre la población. ¿Qué garantías ofrece el Estado de Guatemala para el ejercicio de la investigación social? ¿Cuál es el mensaje que puede recibir la población cuando la mayor parte de los crímenes del pasado se han quedado olvidados para el sistema de justicia? ¿Qué podemos pensar cuando el 97% de los asesinatos cometidos en la actualidad quedan en la impunidad?
A veces, parece difícil tener esperanza en este país. Sin embargo, que Claudia Paz, una reconocida defensora de los derechos humanos, haya sido nombrada como Fiscal General de la Nación y jefa del Ministerio Público, constituye un mensaje de aliento para creer aún en la promesa de la paz.