La tendencia privatizadora regional cobró auge en la última década del siglo pasado, a la que Guatemala se unió pasando la propiedad de algunas empresas estatales a manos privadas, bajo el supuesto de que el sector empresarial haría mejor el trabajo que el Estado, dado que éste, supuestamente no podía o no le correspondía hacerlo. En la actualidad, la forma en que se ejecuta parte del gasto público, daría lugar a interpretar que una fracción de éste también se privatiza y las entidades estatales pierden el control de los recursos públicos.

Varios años después de la ola privatizadora de la década de los noventa, parte de la lección aprendida sería que el proceso no se hizo de manera adecuada, pues la privatización de empresas públicas no implica pasar de un monopolio estatal a un monopolio u oligopolio privado. Aunque los precios, en algunos casos serían competitivos, en otros aspectos el consumidor no disfrutaría de los beneficios prometidos, debido a que los marcos regulatorios o el mismo Congreso beneficiarían a determinados sectores.

Aunque la privatización de empresas públicas fue una tendencia de hace más de una década, la forma en que se gasta parte del presupuesto público, mediante los fideicomisos y las ONG, daría lugar a interpretar que la ejecución del gasto también se privatiza.

Eduardo Velásquez, profesor titular VIII del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos, señaló que el uso de las ONG para realizar obras que le corresponden al Gobierno, “ha reducido drásticamente el tamaño del Estado”.

Para los fideicomisos, Velásquez afirma que “son fondos públicos que se colocan en bancos privados”, y estos últimos son quienes ponen las reglas para el manejo de los recursos, “que solo pueden ser manejados en contubernio entre la institución del Estado que hizo el depósito y el banco”. Esto da lugar a una serie de limitantes que están en la esfera del derecho privado sobre fondos públicos, que a decir del experto, benefician al capital bancario y financiero.

Velásquez señala que uno de los problemas es que los fondos del fideicomiso sirven al banco para colocarlos en créditos para otros usuarios, ganado con esto de acuerdo a las operaciones de intermediación financiera y la misma Contralora, según el experto, habría reconocido que no puede fiscalizar esos fondos.

TAMBIÉN ES PRIVATIZAR, PERO…
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), asevera que los fideicomisos “ilegalmente son una privatización; no es un eufemismo”, porque “son privatizaciones del dinero público, porque los fideicomisos son una figura del Código Mercantil, que es un código de derecho privado”.

A este respecto, el analista dijo que a los recursos del Estado se les quita el carácter de público al ingresar al fideicomiso, porque es cuando “se vuelven fondos privados”, pues quienes determinan qué se hace con los fondos del fideicomiso son los directores del mismo, que son eminentemente privados, porque la figura de fideicomiso público no existe en el país.

Lamentablemente, dijo la diputada Nineth Montenegro, cuando se constituye un fideicomiso o se ejecuta presupuesto mediante las ONG, los recursos se trasladan a bancos privados, y “desde ahí se pierde el control”, porque aunque es la Superintendencia de Bancos “la encargada de fiscalizar a esas instituciones responde a entes privados, a través del Código de Comercio, restándole responsabilidad a la Contralora”.

Según la parlamentaria, “por lo menos un veinte por ciento del presupuesto se privatiza, porque al estar en entes privados se pierde la regulación y el control del Estado”.

A esto se suma, que a decir de Marroquín, “todos los fondos sociales en Guatemala son fideicomisos”, que están regulados por el mismo código, y aunque haya acuerdos gubernativos que crean el fondo como tal, “el dinero en sí mismo está bajo una figura privada”.

Por aparte, la forma en que los recursos de los fideicomisos constituidos con fondos públicos se gasta es “ciento por ciento discrecional”, porque como figuras privadas no están sujetas a controles, ni a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas ni a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, “pueden hacer y deshacer”, agregó el Director de Acción Ciudadana.

Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dijo que “eso no es privatizar el gasto público, porque lo que se construye se le ofrece a la población de manera gratuita”, el constructor hace la obra y esta sirve para uso de los ciudadanos. Sin embargo, lo que hace el Estado, es utilizar a un sector privado “de dudosa reputación en mucho casos”, para hacer la obra física, comentó.

Según el experto, “querer llamarle privatización a eso es querer asustar con el petate del muerto”, porque si no es adecuado ejecutar obra de esta manera, “mejor que le llamen corrupción o abuso de poder”.

Maúl destacó que, si el Gobierno recurre al sector privado para hacer obra pública, “tiene que hacerlo en condiciones estrictas de transparencia y honestidad, y sobre todo debe garantizar que la participación del sector privado se dé en condiciones competitivas para que los mejores oferentes sean los que terminen siendo beneficiados con las adjudicaciones y la calidad de lo que se produce y entrega sea de lo mejor posible”.

CONTRATACIONES A DEDO
Dentro del “hacer y deshacer” que Marroquín señala en los fideicomisos, se continuarían dando contrataciones “a dedo” de empresas para ejecutar proyectos. “Eso se da siempre”, agregó. Esa es la norma, y la excepción “es cuando no se hace de esa manera” y se siguen los mecanismos de contrataciones normales.

La Contraloría “no puede, ni quiere” fiscalizar los fondos públicos que se encuentran en los fideicomisos, señaló el experto de Acción Ciudadana, porque si quisiera, existirían otros mecanismos para comprobar de qué manera se usan.

HASTA PARA CAMPAÑA
Aparte de los bolsillos de funcionarios que administran los fondos y de los directivos de empresas que ejecutan obras con fondos públicos provenientes de fideicomisos y de las ONG, el dinero de los contribuyentes podría hasta financiar parte de campañas electorales, porque debido a que el uso es discrecional, “puede parar en donde le interese” al propietario –o administrador– del fideicomiso, comenta Manfredo Marroquín.

Montenegro, por aparte, explica que en el peor de los casos el mal uso de fondos sería la construcción de obra gris, por trabajos de dragado y construcción de obras, por ejemplo, en las que “se habla muchísimo de la sobrevaloración”.

“Es un absurdo”, dijo la diputada, porque las ONG cobran entre cuatro y cinco por ciento de comisión por definir cuál es la constructora que tiene la capacidad y experiencia para ejecutar determinada obra, cuya labor podría hacer la entidad estatal misma que busca hacer el proyecto.

IMPACTO EN LA POBLACIÓN
El deterioro de los servicios, porque cada vez habría menos y de menor calidad, sería parte del impacto de la corrupción y falta de transparencia en el uso de las ONG y fideicomisos que privatizan el gasto público, a consideración de Acción Ciudadana.

Por esta razón, comentó Marroquín, “el dinero se fuga a otros destinos”, porque la mayor parte de los recursos utilizados en esas figuras se diluye en el camino y lo que llega a la población son “apenas gotitas”.

A criterio de Montenegro, a pesar de que existirían casos en que los recursos utilizados por las ONG se utilizarían de manera adecuada, debido a que el Estado no tiene capacidad para funcionar en aldeas y cantones para ofrecer determinados servicios, “hay casos muy lamentables en que el dinero puede no llegar a quien tiene como cometido, que al final de cuentas es el ser humano quien tiene necesidades y demandas de tipo social”.

EL ESTADO SIGUE PERDIENDO
A criterio de Manfredo Marroquín, el presupuesto del Gobierno debe ejecutarse “a través de las unidades ejecutoras del Ejecutivo” y no de otra manera.

No obstante, “bajo el argumento de la agilidad, se crearon durante los últimos años, sobre todo a partir de los noventa, estos mecanismos como los fideicomisos y las ONG, pero lo único que se consiguió fue agilidad para los actos de corrupción, porque la calidad de inversión pública a través de estos mecanismos la hemos visto y es mala”, señaló el experto.

De esa cuenta, cuando los corruptos no se llevan “toda la plata (…) las obras son de mala calidad y sobrevaloradas” y luego de varios años de ejecutar el gasto por la vía de fideicomisos y las ONG, “el Estado sigue perdiendo”, sostuvo Marroquín, porque continúa “petrificado”, y la modernización de la que se hablaba ya no se buscó porque las autoridades y quienes dirigen a las entidades que ejecutan gasto público privatizándolo “se quedaron muy cómodos con estas unidades discrecionales de gasto y los Ministerios continúan siendo burocráticos y lentos como eran en los años ochenta y noventa”.

En la actualidad, no existirían argumentos para continuar con ese modelo de gasto, sostuvo el Director de Acción Ciudadana, porque lo único que se habría logrado es tener “un aparato paralelo de gasto público, a través del cual se comete la gran corrupción en Guatemala”.

Marroquín dijo que con la evidencia que presenta esa forma de gastar los recursos del Estado, “ya no hay argumentos para defender esa posición”, de agilizar los procesos de ejecución, porque “los únicos que quieren defenderlo son los que sacan provecho de este tipo de ejecución de obra pública”. Lo único que procedería es modernizar el Estado “de verdad”, que sería una agenda pendiente.