Nuestras instituciones fueron desbordadas por la criminalidad y la ausencia de castigo a los delincuentes, lo que ha provocado un fenómeno muy especial que se traduce en formas de privatización no sólo de la seguridad ciudadana, evidente con la proliferación de policías privadas y guardias pretorianas para proteger a particulares, sino también al sustituir al Estado como el “único actor que puede demandar el ejercicio del uso exclusivo y legítimo de la violencia”, de conformidad con definiciones de Estado.

El Presidente de la República pretende ir a Davos para promover nuestro país como destino atractivo para la inversión extranjera, pero es fundamental que reparemos en fenómenos que se vienen dando y que contradicen la propaganda que coloca a Guatemala como uno de los países con mayores ventajas competitivas para atraer capitales. Al menos si lo que pretendemos es que vengan capitales respetuosos de las leyes y que contribuyan a impulsar nuestro desarrollo y no simplemente piratas y oportunistas que tratan de sacar provecho de las debilidades legales de un país donde se puede hacer lo que les da la gana.
 
 Primero fue en la mina San Rafael donde el Jefe de Seguridad ordenó que los policías privados que trabajaban para la empresa dispararan a los pobladores, a quienes llenó de deleznables epítetos, para justificar la agresión criminal. En cualquier país civilizado, una disputa como la que pudo existir entre ciudadanos opuestos a un proyecto minero y la empresa, se resuelve con la ley en la mano y en caso de que exista necesidad de usar la fuerza o la violencia para imponer el orden y preservar la legalidad, únicamente las autoridades que actúan en nombre del Estado tienen esa potestad. En Guatemala, desafortunadamente, no es así y bastó que un extranjero diera la orden de disparar para que agentes privados, sin respaldo ni autoridad, mucho menos legalidad, ejercieran violencia.
 
 Lo mismo pasó recientemente con el conflicto que se traen los inversionistas de la planta de energía eléctrica Jaguar con los chinos que vinieron a realizar la construcción de la planta. Un conflicto relativamente común por diferencias en cuanto a la implementación de los términos contractuales, dio lugar a que se dispusiera usar la fuerza, con policías privados, para evacuar a los trabajadores con los que la dirección de la empresa tenía conflicto. Suponiendo que estuvieran en peligro los bienes de la compañía, lo cual no ocurría porque los chinos eran los más interesados en resguardar su costosa inversión, tenía que tramitarse legalmente una orden judicial para hacerlo y la misma únicamente podía ser ejecutada por la autoridad competente. Imaginemos qué pasaría si cada ciudadano decidiera usar su propia fuerza para hacer valer sus derechos o aún para ejecutar órdenes judiciales; el caos y la anarquía serían imparables en esas condiciones.
 
 Un inversionista serio lo primero que busca en un país es el imperio de la ley porque ello constituye su garantía. Pero en un país donde las concesiones se disfrazan de usufructo y las policías privadas tienen licencia para disparar cuando les da la gana, no puede ser ese paraíso para la inversión que quiere promover nuestro Presidente. Por ello es que debemos ser exigentes al demandar que cese la privatización de la seguridad ciudadana.