«Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República (…) la seguridad (…).»
Constitución Política de la República
«Hemos alcanzado niveles inimaginables de violencia; por eso, cualquier tipo de solución que propongan es buena». Esta fue la respuesta que recibí de una persona a un comentario que hice sobre mi sorpresa ante la presencia de agentes de seguridad privada en varios buses del transporte urbano.
rmarroquin@lahora.com.gt
Una verdad a medias, sin duda. Lo de los índices de criminalidad nos lo revela muy bien las estadísticas de las instituciones de seguridad y justicia: el año pasado cerró con más de 5 mil 800 personas asesinadas, un dato que poco varía con el de años anteriores.
Es cierto que el transporte público urbano se ha convertido en una verdadera amenaza para las pertenencias de los pasajeros y una buena oportunidad de ganancias para los ladrones. Incluso, el número de choferes y ayudantes asesinados en los vehículos públicos cada día va en aumento.
Pero, ¿debemos aceptar, como ciudadanos, cualquier tipo de recurso que se nos ofrece para suplir nuestras necesidades sociales? ¿Justifica la situación de violencia la contratación de empresas privadas de seguridad para que cumplan con un derecho ciudadano?
Parece que ya no importa mucho lo estipulado en el texto constitucional sobre el deber del Estado de garantizar a los habitantes, entre otras cosas, la seguridad. En la administración gubernamental pasada trataron de convencernos sobre la necesidad de pedir el auxilio del Ejército para hacer cumplir este derecho. No sirvió de nada. A pesar de los millones de quetzales que están asignados a la institución castrense para apoyar a la Policía Nacional Civil en la seguridad ciudadana, la violencia va en aumento.
Pero no, la solución al problema tampoco es recurrir a las empresas que obtienen ganancias de la violencia y del miedo de la población. ¿Quién supervisa la capacitación que reciben los guardias privados de seguridad sobre cómo actuar en caso de un atraco? ¿Existe otro tipo de requisito importante para los aspirantes a policías privados además de saber utilizar un arma de fuego? Además, los guardias de seguridad no tienen la posibilidad de aprehender a los delincuentes (aclaro que no estoy a favor de que lo hagan, lo comento como una desventaja más).
Agreguemos a esto el proceso de privatización que se hace de un derecho fundamental para la convivencia de las personas, como es la seguridad. Se manifiesta la total disposición a invertir más dinero en la contratación de empresas que venden un derecho, y en ningún momento se recurre a las herramientas que como ciudadanos tenemos para exigir a los personeros del Estado a que cumplan con la Constitución y garanticen la seguridad y la paz para la población. Entonces qué, ¿ciudadanos o consumidores?