La muerte ayer de una niña de 2 años a consecuencia de balas perdidas disparadas por «Los íngeles Justicieros», una junta local de seguridad de los locatarios del mercado de La Terminal de buses, despertó la alerta por estos grupos clandestinos. Sin embargo, según investigaciones, estos «ángeles» ya habrí­an matado a unas 50 personas, de las que nadie ha dicho nada, porque son presuntos delincuentes.

Al parecer, los mismos inquilinos del mercado financian a este grupo, hartos de estar acosados de extorsionadores y ladrones, y, ante la ineficiencia de la Policí­a para brindar seguridad preventiva, y del sistema de justicia para castigar a los responsables, prefieren organizarse.

Este grupo no es el único. El mismo Ministerio de Gobernación ha organizado a vecinos de áreas rojas, sobre todo la zona 18, para protegerse, aunque, como están con la tutela de la Policí­a Nacional Civil, no se llegan a extremos violentos.

Un grupo que ya es famoso es el que se ha organizado en San Pedro Sacatepéquez, que se ha dado a conocer a través de afiches en los postes de electricidad. El mensaje de los carteles tiene unas personas del Ku Klux Klan, que, amenazantes, refieren: «Vecino, por tu seguridad, te estamos vigilando».

Además, hay fuertes indicios de la existencia de grupos de limpieza social en el Oriente del paí­s, asimismo de la incidencia de los linchamientos o vapuleos, sobre todo en el Occidente, podemos inferir que todo esto es consecuencia de que la seguridad y la justicia se encuentra privatizada, y que la población ya da fuertes indicios de estar harta de esto.

Sin embargo, nuestras autoridades estatales, que como siempre no saben distinguir las señales que les manda el pueblo, son incapaces de rectificar. Al contrario, actualmente vivimos por un perí­odo lamentable en el sistema de justicia.

Iniciando con lo más grave, el Director electo por el Congreso para el Instituto de la Defensa Pública Penal, Remberto Ruiz, tiene serias tachas para asumir el puesto. Por su parte, ayer trascendió el grosero gasto que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, í‰rick ílvarez, hiciera para un viaje a Brasil, haciendo ver que la tónica continuará en el Organismo Judicial, que se caracteriza por ser el pero del Estado guatemalteco, por su alto í­ndice de ineficacia, es decir, por su alto í­ndice de fracaso para castigar a los infractores de la Ley.

Y, por último, las serias dudas de que el proceso para la postulación de los candidatos a la Fiscalí­a General de la Nación se encuentre manipulado y que, de hecho, ya se sepa hasta quién va a ser electo, sin siquiera haber recibido la papelerí­a de los aspirantes.

Nuestro sistema de justicia se ha politizado. Los intereses partidarios se han apoderado de él, y lamentablemente para el pueblo, se ha privatizado el acceso a los juzgados. Si se tiene poder polí­tico, es probable salir impune de cualquier delito, mientras que el ciudadano común es probable que su denuncia ni siquiera pase del Ministerio Público. De esa cuenta, infiero, que poco a poco serán más visibles los grupos de seguridad y justicia de vecinos, ante ese profundo desfase con la justicia estatal que no funciona.