Para donde dirijamos la mirada se encuentran problemas que son producto de ese descalabro institucional que no se produjo casualmente sino que fue resultado de aquella prédica contra lo público y que por privilegiar la iniciativa privada, no sólo desprestigió todo lo que viniera del Estado, sino que lo debilitó como parte de una estrategia económica. Hoy en dí­a la corrupción es la norma en la mayorí­a de instituciones que actúan y resuelven de conformidad con los intereses espurios y jamás ocupándose del bien común. Fue bajo esa óptica que se produjo la privatización de los activos nacionales y es bajo esa misma perspectiva que se otorgan concesiones que empiezan con una mordida y terminan escritas en piedra porque no obstante su sucio origen, se consagran al amparo de los derechos adquiridos, no importa el cómo y el cuánto. En ese estado de cosas, no debiera haber para ningún gobierno otra prioridad que la del rescate institucional, del fortalecimiento de las instituciones públicas para que puedan cumplir con sus fines esenciales. Y aunque fuera únicamente para sustraer el tema del debate ideológico planteado por los promotores de la destrucción institucional, limitémonos ahora a hablar del tema de la seguridad y la justicia, áreas en las que al final de cuentas todos sufrimos los efectos del descalabro. Por supuesto que los únicos que no lo resienten son los delincuentes que gozan con la impunidad y entre ellos no hablamos únicamente de los pandilleros que se dedican a la extorsión, sino de los banqueros que se apropian del dinero ajeno y evaden la acción de la justicia. De los criminales de cuello blanco que se enriquecen de manera ilí­cita con la corrupción, o de aquellos otros que se dedican a ser agentes del sicariato y luego terminan con privilegios en Matamoros. El debilitamiento de las instituciones fue aprovechado hábilmente por la escoria de la sociedad para crear el régimen de impunidad que vivimos actualmente y que descansa en la forma en que el crimen organizado y sus tentáculos controlan las instituciones públicas. Y conste que no habló únicamente de los tribunales, del Ministerio Público y la Policí­a, sino también de los otros poderes del Estado en donde no avanzan las normas de seguridad que se requieren y que han sido exigencia de la comunidad internacional. Hablo de un Ejecutivo que todo lo entrampa bajo el pretexto de la burocracia y la falta de recursos, y de un Congreso donde son visibles las cabezas de playa que sirven para torpedear astutamente toda ley que pueda poner en riesgo o disminuir las ventajas ganadas por el crimen al ir cooptando instituciones. Nos perdemos en debates bizantinos más relacionados con un tema electoral que en el fondo es irrelevante si no se coloca en el tapete la cuestión crucial que es el rescate de las instituciones para devolverle al Estado el papel que constitucionalmente le corresponde y que le fue arrebatado en medio de la miope actitud de quienes por ver el derecho de su nariz no entendieron que estaban cavando la tumba del orden social.