Hemos estado acostumbrados a que cuando un gobierno presenta una iniciativa como la del paquete de normas contra la corrupción, se aferra a sus puntos de vista y rechaza la crítica. Por ello no deja de ser un giro importante el que ha dado este gobierno cuando el mismo Presidente de la República dice que “aquí todo es perfectible.

Nosotros no decimos que lo que presentamos debe ser aprobado tal y como se mandó. Hay muchísimos problemas que los diputados podrán corregir. Hay otras iniciativas que deberán ser tomadas en cuenta. Nos interesa que se discuta porque la iniciativa puede ser mejorada, porque es susceptible a ello y las acciones son bienvenidas.”

En realidad se trata del debate más crucial para este gobierno, puesto que la diferencia y el cambio más transcendental que Guatemala necesita está precisamente en el combate a las formas oscuras y mañosas de administrar la cosa pública. Es imperativo el combate a la corrupción si es que le queremos dar una posibilidad al país de superar sus problemas políticos más serios y por ello este paquete de normas tiene que ser objeto de una profunda discusión, de un serio debate en el que se tomen en cuenta las opiniones de otros sectores.

Generalmente los funcionarios que preparan un paquete como el presentado al Congreso lo pelean con uñas y dientes, sea porque están convencidos de que es un buen proyecto o porque están defendiendo algunos intereses en particular. Y comprometen al Jefe de Estado a que se amarre con la idea, rechazando cualquier crítica bajo el eterno argumento de que se trata de planteamientos mal intencionados.

Yo creo que Pérez Molina, al proponer una iniciativa contra la corrupción, está abriendo el espacio para el debate más profundo que el país puede tener sobre sus problemas estructurales. El Estado en Guatemala está diseñado y está operando por y para la corrupción, alentando la oscuridad y el enriquecimiento ilícito que ha sido norma en todos los gobiernos y que sólo cambia para aumentar exponencialmente de un período a otro. La crisis institucional que vivimos tiene mucho que ver con esa malévola intención de poner el aparato del Estado y, sobre todo, sus recursos, al servicio de negocios particulares que no se limitan únicamente a satisfacer a los financistas de campaña, sino a todo un estamento del sector privado que se acomodó a vivir con la corrupción y a sacarle raja.

En esas condiciones estamos condenados al fracaso porque todos los recursos públicos se dilapidan y las instituciones no pueden cumplir sus fines, porque el desvío de dinero es tan grande y malévolo, que únicamente funcionan para el negocio ilícito y oscuro. Yo sostengo que la corrupción es un crimen de lesa humanidad en un país con la pobreza que presenta Guatemala y que es imperativo un cambio profundo, por lo que veo que ahora hay una oportunidad para realizar cambios trascendentes. Por ello me preocupó que la iniciativa del gobierno tuviera tanto contrasentido y al final fuera un proyecto que consagra y apaña prácticas inmorales en la gestión pública.

Pero la decisión del Presidente de aceptar la crítica y abrirse al debate me hace creer que a lo mejor ahora estamos frente a la más clara y acaso la última oportunidad que se nos presente para iniciar ese combate frontal a la corrupción, pero dependerá de la seriedad que tengamos todos y, sobre todo, de la franqueza con que hablemos para no andar apañando viciosos procedimientos que han servido para encubrir la podredumbre. Hay que hablar de los actores de la corrupción sin tapujos y sin el sesgo de suponer que únicamente el político y el funcionario son sinvergüenzas sin entender la profunda sociedad que hacen con los actores privados para repartirse el pastel. Entendiendo eso, el debate puede ser determinante.