Si se analiza y evalúa la política laboral que materializó el gobierno que ha presidido ílvaro Colom y que este mes concluye, comprobaremos que durante los cuatro años de gobierno, igual que aconteció en otros varios aspectos económicos y sociales, la administración saliente no tuvo consistencia, lo que indudablemente perjudicó a todos los asalariados del país.
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Los reajustes que hiciera al salario mínimo, si se comparan con los aumentos de la canasta básica durante los cuatro años de gestión, hacen deficitarios los números en contra de los trabajadores.
La suma de la inflación es superior a lo que fueron los aumentos sumados de salarios mínimos; y más grave aún, en lugar de unificar y estandarizar a nivel nacional un solo salario mínimo, creó la distorsión entre el salario mínimo urbano y el salario mínimo en las actividades de maquila, ¿Será porque él fue en reiteradas oportunidades un maquilador o será porque pretendió quedar bien con Agexpront y con sus antiguos coempresarios en la maquila? Lo que sí hizo fue beneficiar a los maquiladores en detrimento de los trabajadores, beneficio que favoreció a numerosos coreanos y patronos extranjeros por cuanto la mayoría de la maquila no es propiedad de empresarios o inversionistas guatemaltecos.
A pesar de que tuvo la oportunidad durante cuatro años de proponer al Organismo Legislativo una actualización de la bonificación salarial, que desde el gobierno del FRG no se ha actualizado, no tuvo el acierto de hacerlo y los pocos diputados que lo insinuaron se quedaron también en palabras, evidenciándose con todo ello que Guatemala sigue siendo un país donde el reconocimiento social está sumamente retrasado y por consiguiente la diferencia de política laboral entre í“scar Berger y ílvaro Colom no existió.
Esperemos que las autoridades entrantes, en cumplimiento a sus ofertas de campaña, reajusten los salarios, la bonificación salarial año con año y con ello hagan copartícipes a los trabajadores de la rentabilidad que la gran mayoría de empresas tiene porque si no la tuvieran no existirían como tal o se convertirían en simples inversionistas de capital donde sin riesgos invertirían sus recursos en el Banco de Guatemala o en los bancos privados asegurándose una rentabilidad alrededor del 8% a la que sólo se le aplicaría el 10% sobre los intereses, sin esfuerzo de ningún otro tipo.
La política laboral es un instrumento de desarrollo, de paz social, de justicia social siempre y cuando haga partícipes de la riqueza y de los beneficios al recurso humano que labora en una empresa, sin el cual la empresa no podría operar y por consiguiente no podría generar producción o ingresos.
No se necesita decir que se es socialdemócrata si las acciones evidencian esa conciencia cristiana que la Iglesia Católica y la doctrina social han establecido sin duda de ninguna especie durante cientos de años. Basta leer la Encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII, que desde hace más de cien años materializó un camino que sucesivamente los santos padres han venido desarrollando, ampliando, como la evidencia de lo que un buen cristiano debe de respetar y debe de aplicar.
En todo país democrático y progresista existen garantías laborales. Europa, Estados Unidos, los países del cono sur, todos tienen establecidos los salarios mínimos, los reajustes de salarios periódicos, prestaciones laborales –tanto de salud, invalidez, de sobrevivencia, de retiro e incluso la gran mayoría de ellos un seguro de desempleo- donde los patrones son los principales aportadores de esos recursos y por supuesto son complementados por el Estado.