Julio Donis
Múltiples son las complejidades de esta sociedad y de la misma forma, el mundo de la política presenta innumerables y diversos retos que debe remontar; sin embargo, la misma está llamada a proporcionar soluciones que muchas veces deben ser inmediatas a aquellas complejidades sociales que presentan cambios día tras día.
La política enfrenta problemas de confianza y credibilidad que afectan directamente a partidos políticos y al Congreso, panorama que no es nuevo ni exclusivo de este país. Este fenómeno sucede tanto aquí como en otros continentes y revertir esta condición supone, en primer lugar, plantearse que el abordaje debe ser procesal, en otras palabras, los cambios en la forma en que percibimos a los partidos y a la política implicarán tiempo y voluntad de todos.
Reformar la ley
Una de las formas para abordar esta necesidad es a través del cambio en el marco normativo, tanto lo que rige el sistema de partidos políticos como lo que está establecido para el sistema electoral, es decir, reformar la Ley. El afán de cambiar la legislación no es antojadizo sino estratégico y necesario, puesto que este instrumento es susceptible de perfecciones para que pueda adaptarse a las nuevas realidades que impone la sociedad y la política; además, dichas reglas son las que al final ordenan el desarrollo institucional de los partidos políticos y del Tribunal Supremo Electoral, para que los primeros puedan ser verdaderos canales de intermediación y el segundo pueda consolidarse como árbitro del proceso electoral.
En la misma línea de argumentación, la ley como herramienta debe concebirse entonces como promotora y no como prohibidora de la acción política; en cierta forma los instrumentos que norman la vida institucional de hoy (no sólo los político electorales), son un reflejo de un proceso histórico con características que promovían restricción, control, prohibición, castigo, aunque también permisibilidad. El diseño de este tipo de instrumentación legal respondía al tipo de regímenes políticos, a sus valores y al entorno de poder específico; las leyes muestran viejos vicios del pasado que se reflejan en el presente.
Uno de los principales efectos no deseados lo constituye el hecho que en la práctica, los acuerdos políticos que se alcanzan suelen facilitarse «a pesar de la Ley» y no necesariamente en estricto ciño de tal. Esto no es de fácil observancia puesto que el sistema ha logrado «ajustar» la normativa cuando esta constituye un impedimento.
En el caso de la Ley Electoral y de Partidos Político, LEPP, ha habido un trabajo afortunado de modernización para que se adapte y reviertan las condiciones que describía. Esto no es menor si se piensa en la dimensión y la trascendencia de un instrumento que tiene rango constitucional. Como se sabe, esta Ley viene de un proceso de reforma bastante extenso en tiempo y expectativas; mismas que fueron consignadas en el Decreto 10-04 y luego armonizadas en 2006. Su ámbito de cambio implicó el aumento del financiamiento; favorecimiento de la participación ciudadana a través de la descentralización de las Juntas Receptoras de Votos, y en un ajuste y establecimiento de topes al gasto de campañas.
Estabilizar e institucionalizar
Esas reformas tomaron tiempo y esfuerzo pero quedaron tímidas y hay que completar la tarea sobre dos criterios, estabilizar e institucionalizar. La Comisión de Asuntos Electorales liderada por el diputado Valentín Gramajo promueve un siguiente esfuerzo que tiene varias virtudes y retos que me permito detallarlos:
La construcción y consenso de una iniciativa de reforma requiere de viabilidad política, misma que se construye paso a paso. En este sentido, fue acertado involucrar de manera formal al Tribunal Supremo Electoral a través de sus magistrados, constituyendo una comisión mixta que desarrolla un plan de trabajo. Dicho grupo elabora la carpintería de una propuesta que luego será sujeta de debate en la Asamblea del Congreso.
Otro acierto lo constituye aprovechar el receso legislativo para diseñar la iniciativa, tomándose la comisión el tiempo necesario para cumplir con un plan de trabajo trazado. La metodología mandaría partir de un ejercicio de diagnóstico de los principales impactos de la anterior reforma, para luego identificar las principales áreas críticas; todo esto se vería complementado con el análisis de experiencias internacionales de derecho electoral comparado. Por cierto, valga mencionar que México ha finalizado con éxito una reciente reforma a su Ley con una perspectiva de largo alcance.
En el campo de los desafíos, un nuevo esfuerzo de reforma deberá enfocarse a invertir en la institucionalidad democrática a cambio de la exigencia de mayores controles a los partidos políticos. Esta reforma es una oportunidad para que la política recupere terreno perdido al descrédito, implementando signos de compromiso y voluntad.
Sobre el criterio de estabilizar, la reforma atañería a revisar áreas de la Ley como los requisitos para inscripción de candidatos, criterios para la conservación del registro legal de los partidos (suspensión y cancelación); también la fiscalización y control del Tribunal Supremo Electoral sobre las organizaciones partidarias. Por otro lado, aprovechando el recién concluido evento electoral, sería beneficioso revisar el funcionamiento de los mecanismos que establece el Tribunal para el desarrollo de las elecciones (esto supone estudiar la funcionalidad de los plazos electorales). La estabilización también incluye al TSE y sería oportunidad de revisar los órganos de esa institución para su mayor efectividad.
Regulaciones al gasto electoral
Ahora bien, sobre el criterio de institucionalizar, la reforma debe incluir un debate serio sobre el régimen del financiamiento a los partidos. No hay otra forma de observar cómo valora un país su democracia si no es en la forma como se financian sus partidos. Hay que implementar un sistema efectivo de regulaciones al gasto electoral y un sistema de fiscalización e incentivo del financiamiento público a través de la racionalidad; y del financiamiento privado a través de la cuentadancia sistemática de los partidos. Este supone proveer a la Ley de la posibilidad de «morder» y no solo «ladrar», con un régimen de delitos y sanciones, sin llegar al extremo de la judicialización de los procesos electorales, pero evitando la permisibilidad.
Finalmente el menú deberá incluir inevitablemente una revisión de la representatividad distrital, lo que implicará barajar variables como la magnitud de las circunscripciones, el tamaño de la asamblea legislativa, la fórmula electoral y la forma de candidatura; todo lo cual daría como resultado un número mágico o un criterio técnicamente sustentado para definir la cantidad de diputados al Congreso.
Termino proponiendo un criterio estratégico que justifica reformar la Ley: los procesos de democratización han puesto en el ojo de la gente a los partidos políticos, dándoles en medio -si se quiere de crecientes cuestionamientos- un papel determinante en la dinámica democrática y otorgándoles una visibilidad extraordinaria, que los hace sujetos de escrutinio permanente.