Ayer se publicó el informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el contrato entre la Portuaria Quetzal con la Terminal de Contenedores Quetzal y, por supuesto, el dictamen es absolutamente favorable, no obstante que el mismo Procurador al ser citado por la bancada Lider admitió que la cláusula 71 del contrato lo que está regulando es una auténtica concesión. Pero hay que entender que ya lo habían ablandado con rumores sobre relevo en la PGN y ni modo que se iba a tirar el camote de cuestionar un asunto en el que el Presidente de la República se ha comprometido de manera directa, frontal y específica.

Pero hay al principio del dictamen un asunto que vale la pena destacar. La intervención del puerto fue dispuesta por el gobierno anterior y no obstante que es principio legal que la misma tiene que ser por el tiempo estrictamente necesario, la estiraron para que pudiera concretar esta negociación. Pero en el acuerdo de intervención, según lo que dice el dictamen de la PGN, se afirma que la misma es necesaria para propiciar su “mayor eficiencia, el mejor cumplimiento de los objetivos para los que fue creada y garantizar, normalizar y TRANSPARENTAR la prestación de sus servicios”.

En otras palabras, el interventor violentó el espíritu mismo del acuerdo de intervención propiciando una negociación oscura, a escondidas y nada transparente para simular un usufructo en lo que, según lo admitió el mismo Procurador cuando le fue leída la cláusula 71 del contrato, es una concesión que no se puede negociar y aprobar como lo hicieron con un usufructo plasmado de acuerdo con normas que fueron redactadas por las actuales autoridades ad hoc pensando en la operación que estaban manejando.

Anoche mismo me escribió el abogado Rafael Rodríguez Cerna Rosada para enviarme copia del dictamen de la PGN que ya había enviado esa dependencia a los medios de comunicación. Me dice Rafael “Apreciable Oscar Clemente: Me imagino que a estas alturas, ya habrá llegado a tus manos el documento adjunto al presente.  Por si las dudas te lo mando.  He pensado en tu persona ya que alguna de tus columnas terminaba advirtiéndole a la empresa española que dicho contrato de usufructo eventualmente sería declarado lesivo a los intereses nacionales.  Cuando lo leí, inmediatamente me causó un poco de hilaridad, pues es la Procuraduría General de la Nación la que tendría que promover la declaratoria de lesividad, cosa que al parecer, puede afirmarse que será remoto que acontezca, al menos durante este Gobierno.  Tal vez te acordarás de mis artículos exhortando a la declaratoria de lesividad del contrato de Perenco, que al final de cuentas mejor desistí de seguir enviándotelos para su publicación, aunque me quedaban pendientes varios capítulos”.

Y tiene razón porque, en efecto, la Procuraduría General de la Nación tendría esa responsabilidad, pero no debe olvidarse que el Procurador siempre ha tenido que bailar el son que le tocan. Yo estoy convencido de que en Guatemala no hay esperanzas de cambio real en el tema de la transparencia y viendo a los políticos que están haciendo fila para llegar al guacamolón, baboso el que se haga ilusiones. Pero no hay mal que dure cien años ni pueblo que los aguante y por ello a lo mejor antes de que llegue el vencimiento de esa disfrazada concesión llega alguien con un ápice de dignidad y corrección para enderezar los entuertos que se han fraguado en forma tan poco transparente. Ya había dicho que el sistema nuestro está tan podrido que todo lo avala y legaliza, hasta las mayores sinvergüenzadas y si no véase los de Guatel o lo de Aviateca, pero eso no quiere decir que uno agache la cabeza y se resigne.