La decisión presidencial habrá de dirimirse en cuestión de horas o a más tardar el próximo lunes. Un lunes emblemático en la tradición judeocristiana. Es el Lunes Santo, el segundo día de la también llamada Semana Mayor. Coincidencia ilustrativa del desafío que subyace dentro de la decisión que habrá de tomarse en cuanto a vetar o no vetar el Decreto Número 6-2008. La cuestión no es simple. Tampoco implica ausencia de carácter el tiempo empleado y el que se emplee en la toma de tal decisión. Ligada a la pena de muerte y más importante aún está la aplicación de justicia. Esta última frágil y endeble. Como expresaba aquel imponente mural de la gloriosa tricentenaria San Carlos, en la década de los 80 del siglo pasado: «La Justicia en Guatemala no sólo es ciega, es puta».
Esbocemos los dos escenarios posibles. El decreto es sancionado. Los abolicionistas emprenderán las acciones que estimen pertinentes ante ese otro ente prostituido que es la actual Corte de Constitucionalidad. Los señores magistrados se tomarán su tiempo y aquí otras dos posibilidades: a lugar los argumentos expuestos. Y el decreto deja de existir jurídicamente. Dos. Se desestiman los argumentos y la norma cobra vigencia. El otro escenario es que la norma es vetada. Luego me referiré al respecto.
Volvamos a que dicha norma tiene vida jurídica plena. La nómina de los condenados, un poco más de 40, son en efecto unos condenados que, además de las atrocidades cometidas tienen una característica adicional. Es gente sin mayores recursos económicos. Es gente de cuna modesta. En la lista, hasta donde recuerdo no hay ningún infeliz sentenciado que provenga de esas flamantes familias de alcurnia cuyos delitos, atropellos y violaciones a la ley son efectuados con «guante blanco». Es decir la miserable pena de muerte lo es para los miserables que no tienen recursos para hacerse de un hábil abogado litigante con amplia experiencia penalista. Esos cobran muy caro. Primera gran debilidad a ser subsanada. La aplicación de la justicia recae en aquellos quienes carecen de plata para salir rápida y prontamente hasta de la prisión preventiva.
Ahora veamos qué podría pasar si la norma es vetada. Los sentenciados seguirán cumpliendo condenas en el limbo. El sistema en su conjunto les habrá de continuar dando alimentación. La ley no es retroactiva han esgrimido unos, cualquier otra norma que se idee no les será aplicable. Los sentenciados están condenados de hecho a una «cadena perpetua». Hasta su propia muerte habrán de pasar encerrados. No lo estamos todos cuando nos sentimos tan inseguros. No sé.
El desafío es enorme tanto si la norma es vetada y tal se vislumbra como un «triunfo» de los abolicionistas. El desafío es enorme pues implica a mi juicio un exhaustivo esfuerzo por impulsar un proceso de fortalecimiento institucional en todo el conjunto vinculado a los operadores de justicia. El resultado que se logre iniciar se verá en el mediano plazo y las consecuencias de postergar su simple inicio repercutirán en un gran desencanto por los revanchistas contra los delincuentes. Las olas de descontento se desatarán y aquellos que promulgan por la denominada «Ley del Talión» se regocijarán al ver que las fragilidades de esa prostituida justicia se acentúan.
El desafío, repito, es enorme. Se tendrá que ser, además de minucioso, creativos en la serie de propuestas que se sugieran. El decreto mediante el cual se aprobó esta semana el Sistema Nacional de Seguridad es un eslabón importante, como apunté el viernes pasado, pero es insuficiente. Son muchas las manzanas podridas. Es exagerado cuán infiltrado está el pomposo sistema de justicia. En todo caso esta semana que concluye mañana ha estado plagada de un expectativa «chicha», pues si no se hacen propuestas complementarias, por sí solo también el decreto en cuestión no resuelve el problema de fondo. El problema es estructural y esa dimensión ha estado ausente en el debate emprendido a favor o contra la pena de muerte.