Como ya han transcurrido muchos años desde que leí uno de los libros más trascendentes del doctor Paulo Freire, titulado “La pedagogía del opresor”, además de haber extraviado la obra al haberla prestado, no recuerdo con precisión los detalles de la tesis sostenida por ese notable y malogrado educador y filósofo brasileño; pero si me acuerdo que en uno de sus capítulos aborda el caso del que llama subopresor, refiriéndose al individuo que funge de gerente, administrador, capataz u otro cargo menor a cambio de un salario, sin que sea socio o portador de acciones de la empresa a la que le sirve con sumisión y lealtad mal entendida, porque se presta a realizar tareas indignas contra sus subordinados, que sus patronos o amos, generalmente extranjeros, no se atreven a ejecutar.
Traigo a cuenta la posición del también ilustre escritor y sociólogo sudamericano, a propósito de lo que suele ocurrir en Guatemala, especialmente durante estos años en los casos de las transnacionales industrias extractivas, que utilizan a compatriotas de diferentes escalafones culturales para ensañarse contra los vecinos de comunidades que en legítima defensa de sus derechos y de las riquezas naturales de su entorno, se oponen a operaciones de minas a cielo abierto por los daños ambientales que provocan, entre otros perjuicios.
Cabalmente el pasado martes La Hora publicó un amplio y documentado reportaje de Jody García titulado “Periodistas en el centro del conflicto”, que aborda lo sucedido el 22 de noviembre de 2012, pero no es hasta ahora que se revelan oscuras facetas de ese conflicto, cuando 22 periodistas independientes acompañados de comunicadores de comunidades y organizaciones indígenas llegaron a cubrir lo que sucedía en las cercanías del proyecto minero El Tambor, ubicado a inmediaciones del lugar conocido como La Puya, entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
Entre los periodistas se encontraba Gustavo Illescas, del Centro de Medios Independientes de Guatemala, y en el momento en que utilizaba su cámara para grabar los acontecimientos surgió un sujeto de baja estatura, fornido y de tez oscura, portando un megáfono. Posteriormente fue identificado como el teniente retirado Pablo Silas Orozco, jefe o miembro del cuerpo de seguridad de la empresa, quien lanzó denuestos contra los periodistas, pero especialmente hacia Illescas.
Según consta en los medios de prueba, este subopresor gritó, entre otros insultos: “Somos gente que no se deja intimidar por esos malditos, que con sus cámaras y pendejadas no les tenemos miedo… Son una partida de maricones, huecos. ¡Que le corten la mano al hueco éste (Illescas)! que si sigue grabando va a ser el provocador de que esta mierda estalle”.
La denuncia contra ese individuo se planteó en el Ministerio Público y cuando el caso fue conocido por el juez Carlos Aguilar, el teniente en retiro fue condenado a dos años de prisión conmutables a Q15 mil, por los delitos de coacción y amenazas; mientras que el Fiscal de Delitos contra Periodistas declaró que Illescas y compañeros estaban cubriendo una fuente informativa y en consecuencia se atentó contra el ejercicio periodístico.
(El nativo Romualdo Tishudo asevera que éste sólo es uno de decenas de conflictos similares que ocurren entre subopresores y comunitarios).