Cuando el general Ríos Montt fungía como Jefe de Estado, a partir del 23 de marzo de 1982, estableció dos propósitos fundamentales. Por un lado, una estrategia contrainsurgente, cohesionada, organizada, integral desde la perspectiva militar, pero brutal, sangrienta y arrasadora desde la perspectiva humana. Mientras, por otra parte, y contradictoriamente, pretendía que pervivieran instancias como los Tribunales de Fuero Especial, creaciones violatorias de cualquier atisbo de Estado de Derecho, con institucionalidad como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. Pretendía erigirse como dictador y estadista a la vez.
Creo que nunca pensó que cuatro décadas después, la Corte de Constitucionalidad se fuera a convertir en su instrumento de salvación y su mejor aliado para salir casi inmune e impune de todas las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en su corto período de gobernante de facto. Creo que no lo visualizó así, pero seguramente estará en la actualidad agradeciendo que se le haya ocurrido la creación de la Corte de Constitucionalidad.
Efectivamente, la última resolución de la CC no sólo es una muestra de la intencionalidad de la mayoría de sus magistrados –excepción honrosa de los magistrados que razonaron su voto en contra de la mayoría–, quienes se han convertido en los protectores de uno de los sistemas más conservadores existentes en toda América Latina y que con su actuación, reconocen que todo el sistema creado alrededor de la democracia, se hizo para preservar el statu quo, acá en este país no cambia nada, acá siguen mandando los de siempre y nadie va a oponerse a la pervivencia de un sistema que tomó más de 500 años, crearlo, madurarlo y perpetuarlo.
Porque efectivamente, no es al general Ríos Montt a quien buscan proteger, para nada. Es a todo el sistema, para lo cual hacen uso de todos los mecanismos existentes y de todas las instituciones. Esta resolución de la CC sólo es una de las expresiones más recientes de las capacidades del sistema para reiterar su poder, para resistir los embates de una rebelión silenciosa, que únicamente busca profundizar la democracia e intenta romper gradualmente con un sistema político corrupto y endogámico, puesto que se defienden unos a otros, en contra de cualquier atisbo de cambio, de transparencia, de democratizar, de hacer más equitativa la sociedad.
Los togados –magistrados y jueces–, han mostrado una de las caras más terribles del sistema conservador, porque son ellos quienes se supone hacen justicia, son ellos quienes representan el Estado de Derecho, son ellos quienes enarbolan la justicia y con ello apuntalan la democracia. Sin embargo, hoy, no importa darles la espalda a las víctimas para siempre y pretenden por medio de la propia ley, olvidar y seguir adelante, sin el menor atisbo de vergüenza y dignidad.
La paz social de los magistrados y los jueces es aquella que reproduce el sistema frío, conservador y rígido. Las pretensiones de justicia transicional, de reparación y justicia para las víctimas y la posibilidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad del pasado y así profundizar la democracia, se desechan y se botan a la basura del olvido, sin misericordia, sin dolor, sin el menor asomo de vergüenza y sin ningún cargo de conciencia. Hoy ellos también juegan el doble y contradictorio papel de hacer la justicia, pero asegurando la impunidad. Arropar la injusticia por medio de la ley.