Es increíble conocer que el encargado de la Secretaría de la Paz tenga una visión como la que indicó a un medio de comunicación escrita, indicando que para que hubiera paz en Guatemala, luego del conflicto armado interno, se tuvo que establecer una amnistía como precio. O no sabe la historia del país, o simplemente quiere confundir a la población, algo que parece sumamente difícil, puesto que ni quienes participaron en el conflicto, en cualquiera de los bandos, ni quienes fueron víctimas como población civil, le creen.
Aún más, quienes han vivido la última parte del proceso de paz, y cuyo aporte fue de ímpetu y promoción para la finalización del conflicto, desde la academia o bien el activismo social, conocen que en esa parte definitiva, el conflicto armado estaba casi finalizado, ante la pérdida de fuerza militar que tuvo la guerrilla, y ante los más de diez años de democracia que se había logrado, identificando que el Ejército tomó el rol que le correspondía y permitió a la sociedad el ejercicio del poder político, procediendo inclusive a incorporarse a ese proceso, y como prueba de ello, hoy un exmilitar fue electo libre y democráticamente Presidente del país.
La paz inició su etapa final de negociación con la suscripción de los acuerdos de paz sustantivos, especialmente el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en donde se contemplaron las grandes obligaciones del Estado para alcanzar el respeto de las garantías mínimas. Posteriormente a ello, la agenda política propuesta se logró alcanzar mediante negociaciones de la mesa con otros acuerdos similares e igualmente importantes, pero para ese entonces ya había una paz definida, con cese al fuego, y la incorporación de la comunidad internacional a un proceso que no sería detenido. La población, ajena a la negociación, esperaba con ansias el anuncio que pondría la paz en la historia, entendiendo que aunque no fuera todo perfecto, el simple hecho de firmarla era ya una ganancia para todos y todas.
Sin embargo, para el momento de la reinserción a la sociedad por parte de los grupos guerrilleros, a quienes nunca se les reconoció su estatus de beligerante para evitar que el Derecho Internacional Humanitario aplicara al conflicto armado interno, era inevitable que se propusiera un pacto de dispensa judicial o amnistía, inicialmente sustentada por los negociadores imparciales, y secundada por la propia exguerrilla para evitar que, al haber sido catalogados como delincuentes y subversivos, fueran encarcelados una vez se presentaran en territorio nacional para la firma final de paz. A eso se refería la amnistía, como medida política transformada en ley, para que antiguos opositores pudieran medirse en igualdad de condiciones pero en terrenos democráticos, no para perdonar crímenes cometidos contra la población no combatiente.
Pero hay que hacer una pausa ante estas circunstancias, porque muy bien pudieron haber negociado las dos instancias en conflicto alguna posible amnistía por los delitos cometidos durante la guerra; dicha negociación sería inválida, ilegal e inmoral, al no tener legitimidad para negociar el perdón por las muertes cometidas durante las masacres a la población. Simplemente no puede haber norma legal ni política que haga olvidar o perdonar tan terribles circunstancias. ¿Genocidio? Eso deberá determinarlo un juez, si se demuestra efectivamente la intencionalidad. Masacres y asesinatos cometidos por ambos bandos, los informes como el Rehmi y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico lo confirman.
Pero sugerir que existió una decisión política que condicionó el perdón por tan terribles crímenes, ofende la memoria y el sacrificio de quienes murieron durante esa guerra interna, y que al final, sin importar bandos, todos fueron guatemaltecos.