Como siempre ocurre, fue un grupo pequeño de la ciudadanía el que tuvo participación en el reciente experimento de fiscalización que se dio con la integración de las Cortes en Guatemala. Dirigentes de distintos grupos de activismo social, que no pueden ni deben considerarse en realidad representantes sectoriales porque en verdad no existe ese tipo de representación, se interesaron por verificar esa elección de magistrados y el resultado puede considerarse alentador, por lo menos.
Acaso lo más importante del experimento sea la evidencia de que efectivamente sirve la participación y el interés de los ciudadanos para presionar a los que toman las decisiones. Históricamente nos hemos caracterizado por la ausencia de efectivos grupos de presión y salvo el activismo y cabildeo que hacen grupos empresariales y en mínima parte sectores sindicales e indígenas, los guatemaltecos somos simples espectadores del acontecer nacional.
No es casualidad, entonces, que el país vaya a la deriva porque hemos dejado su conducción a la libre, para que los políticos sean quienes marcan el paso de la institucionalidad nacional y éstos, al darse cuenta del desinterés y desidia de la ciudadanía, aprovechan para atender con prioridad sus agendas personales y ambiciones económicas, dejando a un lado las cuestiones de interés nacional.
Por ello es que ahora, tras la prueba que vivimos con la elección de los magistrados, tenemos un compromiso ineludible de participación y todos los ciudadanos tenemos que asumir un papel más activo en las cuestiones nacionales. Tenemos una responsabilidad que no hemos cumplido hasta la fecha y ahora que el país vive momentos en verdad críticos, por los temas de inseguridad, corrupción y crisis de las instituciones nacionales, se hace indispensable que los guatemaltecos tomemos un papel más significativo, impulsando acciones que nos permitan superar el problema.
La comunidad internacional ha dado muestras de interés en ayudar aun con temas tan peliagudos como el de la impunidad, pero al final de cuentas la tarea es nuestra y el deber no puede ser trasladado a los países amigos. Si nosotros mismos no nos decidimos a actuar, los políticos seguirán con su andar ya conocido, llevando agua a sus molinos particulares pero sin mover un dedo para reestructurar a fondo el Estado y las leyes políticas que no sólo les aseguran su permanencia, sino que premian a los financistas que apuestan al incremento de sus ganancias mediante el tráfico de influencias.
El país no va a cambiar porque los políticos tengan un súbito cambio y se vuelvan patriotas, responsables y honestos. Cambiará cuando los ciudadanos se preocupen por el país y se decidan a participar con determinación y firmeza.