La Comisión Nacional de Reformas Electorales se instaló en Panamá en enero del 2010, con el apoyo técnico del PNUD, bajo un enfoque de derechos humanos y como una medida de perfeccionamiento de la democracia. Se constituyó en un espacio de contribución ciudadana, y desde sus primeras sesiones la necesidad de proponer medidas para incrementar la participación de las mujeres, siempre fue uno de los objetivos centrales. Es importante señalar que el Tribunal Electoral panameño ya goza de una buena dosis de respeto y confianza y de un reconocimiento a sus capacidades técnicas, por parte de la población.

Ciertamente la participación polí­tica de las mujeres en Panamá, dista mucho de lo ideal. Panamá, hoy dí­a, ocupa el último lugar en la cantidad de mujeres diputadas. Solamente un 8.5% de las curules son de mujeres, a pesar que las mujeres representan el 51% de las personas afiliadas a partidos polí­ticos.

Por esta razón, estas nuevas propuestas cobran una gran relevancia en la polí­tica panameña. Surgen de una amplia participación de ciudadanos y ciudadanas de todo tipo: profesionales, artistas, escritores, periodistas, abogados, campesinos, amas de casa, de todos los partidos polí­ticos y agrupados en la «Iniciativa por la Paridad», y movidos por el interés de avanzar en el logro de la igualdad de oportunidades polí­ticas para hombres y mujeres.

Las innovadoras propuestas establecen, entre otras cosas que: «La participación es un deber y un derecho de la ciudadaní­a y tiene que ser ejercida por hombres y mujeres, basados en principios de igualdad y equidad, real y efectiva.» Consigna el «principio de paridad» como rector de todo proceso electoral general del paí­s, así­ como en los procesos internos de los partidos polí­ticos, excluyendo únicamente las postulaciones a Presidente y Vicepresidente, donde ambos postulantes podrán ser del mismo sexo. Establece mecanismos para que en todas las listas de postulación (plurinominales o uninominales) se garantice el principio de paridad y deja claramente estipulado que las alianzas partidarias, tan comunes en la polí­tica, no afectarán el principio de paridad. Si las listas de postulación no cumplen con la norma de paridad, deberán ser rechazadas por el Tribunal Electoral. Es sin duda un gran paso, pero la batalla aún no está ganada: queda la aprobación por parte de la Asamblea Nacional que, con la participación previa de todos los partidos polí­ticos en la negociación y la propuesta, no tendrí­a por qué tener problemas. Es una prueba de fuego para la democracia panameña: o avanza para ponerse a la vanguardia de la igualdad polí­tica, o sigue retrasando la inevitable consolidación de una sociedad igualitaria, justa y democrática.