“La guerra contra las drogas ha fracasado” es la conclusión a la que llegaron los integrantes de la Comisión Global sobre Política de Drogas en 2011 ante el inminente fiasco en que se había convertido la lucha frontal contra la narcoactividad y los escasos resultados obtenidos. Meses más tarde en Guatemala, el entonces nuevo mandatario Otto Pérez Molina, proponía la necesidad de buscar rutas alternas para la lucha contra el narcotráfico.

La reacción de medios nacionales e internacionales fue inmediata, ¿estaríamos ante el comienzo de un cambio de paradigma en cuanto a las políticas de droga? ¿Podría generarse a partir de esto un efecto dominó que se extendiera por la región? En ese momento surgían cuestionamientos y esperanza para algunos, al imaginar que Guatemala podría ser la precursora de un cambio en la aproximación de la política de drogas  en Latinoamérica, y que la actual política prohibicionista, vigente desde hace más de 40 años, podría estar finalmente llegando a su término.

Nada sucedió en ese momento, y a poco más de dos años de la primera mención del Presidente al respecto, la propuesta se ha quedado en palabras. Si bien, el tema ha cobrado importancia en foros internacionales y se ha intensificado el debate, en Guatemala no se han dado ni siquiera los primeros pasos que demuestren la existencia de voluntad política para avanzar en la cuestión. Después del fallido acercamiento a los presidentes de la región y de una prometida “Cumbre de Tikal” para abordar el tema, jamás realizada, se evidencia que al menos durante la presente administración la lucha frontal seguirá siendo la respuesta para combatir ese flagelo.

La polémica generada alrededor de una posible legalización o despenalización de drogas, en la amplitud de su intensidad y efectos, continúa llevando a la sociedad a una polarización radical de posturas y no así, incentivando un sano debate acerca del tema. Si sabemos que la guerra contra las drogas declarada por Richard Nixon en 1971  es inútil, ¿por qué no plantearnos una seria y responsable reforma a la política de drogas actual? y no me refiero a revolotear como hasta ahora alrededor de discusiones normativas y/o difusas, sino a propuestas reales y concretas.

Resulta paradójico que después de haber puesto el tema en la palestra, sean otros países en el Hemisferio los que se estén acercando a un abordaje distinto en política de drogas. Tal el caso de Uruguay que recientemente aprobó una ley en la que se regula la producción y comercialización de la marihuana para su uso medicinal y recreativo, y al que en la actualidad se han acercado ya varios estados y empresas interesados en la compra e investigación sobre el cannabis.

Mientras tanto, la narcoactividad y particularmente el narcotráfico en el país, sigue siendo un azote terrible que debe ser enfrentado quizá con rutas alternativas a la actual, no permitiendo que lo que se convierta en una alternativa sea reconocer la necesidad de abandonar las guerras perdidas y tratar de rescatar las batallas que aún pueden ser ganadas.

La otra guerra a la que aludo, es precisamente la guerra de poner manos a la obra y concretar las estrategias planteadas (o cuando menos plantear estrategias), la guerra de mostrar con voluntad lo que se dice con palabras, la guerra contra la indiferencia y la irresponsabilidad.

La aseveración de la Comisión Internacional de Drogas acerca del fracaso de la lucha contra los estupefacientes es ahora más que nunca aceptada a nivel global, por ende, en la que a Guatemala le compete luchar está hasta el momento perdida; encañonada por acciones que no se llevan a cabo, víctima de la cesión de soberanía y una vez más, de la falta de visión estratégica. El cambio en la política de drogas es impostergable, la batalla aún puede rescatarse.
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